El jefe y la subjefa de la bancada de diputados de Renovación Nacional, Miguel Mellado y Carla Morales respectivamente, solicitaron al Servicio Electoral que se imponga de los antecedentes que vinculan al Presidente Gabriel Boric con la Fundación Pro Cultura y evalúe ejercer la acción penal por presunto financiamiento ilegal de su campaña.
La bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) ofició al Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel), encabezado por Pamela Figueroa, solicitando que se imponga de los antecedentes que podrían configurar un eventual delito de financiamiento irregular en la campaña presidencial de Gabriel Boric, a raíz de los hallazgos del caso “Pro Cultura”.
El documento, firmado por los diputados Miguel Mellado y Carla Morales, pone énfasis en que el Ministerio Público ya habría elaborado un informe que da cuenta de la posible inyección de dineros provenientes de convenios con la Fundación Pro Cultura a la campaña presidencial del actual mandatario. Estos hechos, que fueron revelados a través de la interceptación de comunicaciones telefónicas autorizada judicialmente, están siendo investigados por la Fiscalía Regional de Coquimbo.
“El caso ProCultura ha dejado de ser solo un escándalo administrativo para convertirse en un asunto penal de la máxima gravedad. Las investigaciones apuntan a un eventual financiamiento irregular de la campaña presidencial del Presidente Boric, con dineros públicos triangulados desde una fundación estrechamente vinculada a su círculo personal. Hemos oficiado al Servicio Electoral para que, se imponga formalmente de los antecedentes y evalúe ejercer la acción penal correspondiente. El Servel no puede seguir mirando al techo frente a indicios tan serios que comprometen la legitimidad misma del mandato presidencial”, señaló el diputado Mellado.
La diputada Carla Morales agregó que “la ciudadanía merece saber si su Presidente llegó a La Moneda con recursos obtenidos de forma ilícita. Lo que está en juego no es solo la transparencia electoral, sino la confianza básica en nuestras instituciones. Hemos solicitado formalmente al Consejo Directivo del Servel que actúe con la responsabilidad que le asigna la ley, en particular su rol exclusivo en iniciar acciones penales por delitos electorales. Cuando el Ministerio Público ya ha entregado antecedentes concluyentes, el silencio del Servel puede interpretarse como complicidad institucional’.
Los parlamentarios recalcaron que la estrecha relación entre el Presidente Boric y el fundador de la Fundación Pro Cultura, el psiquiatra Alberto Larraín, debe ser considerada con especial cuidado, ya que podría implicar responsabilidades políticas y penales de primer nivel.
“El Servel no puede mirar para el lado cuando hay un informe fiscal que sugiere una triangulación de recursos desde el Estado a una campaña presidencial. Si no actúa, estará fallándole gravemente a la democracia chilena”, concluyeron desde la bancada RN.
