La ofensiva en la CGR busca también que se abra sumario por la no denuncia, por parte de funcionarios del Ministerio de Justicia. Y que los antecedentes se entreguen al Ministerio Público.
El exministro de Justicia y actual titular de Seguridad, Luis Cordero, algo tiene que decir respecto del caso de Bernarda Vera, la mujer que figuraba como desaparecida y fallecida en el informe Rettig, y que apareció viva en Argentina. Revelación llevada a cabo a través de un reportaje televisivo, confirmándose posteriormente que el secretario de Estado estaba al tanto por lo menos desde enero de este año. Por lo mismo la bancada de Renovación Nacional decidió ir a Contraloría para que se determinen responsabilidades administrativas y un sumario de ser necesario; y a la vez, presentaron un proyecto de ley que busca entregar mayores atribuciones al ente contralor en casos similares, y puedan dejar sin efecto cualquier beneficio entregado tras conocerse la entrega de antecedentes falseados, equivocados o erróneos.
Ximena Ossandón, integrante de la comisión de DD.HH., afirmó que consideran “que efectivamente existieron violaciones a los derechos humanos, que existieron desaparecidos”, y que la bancada de RN solicita a la CGR “es que abra un sumario -justamente- para ver si existen responsabilidades administrativas de parte del Ministerio de Justicia y también del Instituto Nacional de Derechos Humanos; si efectivamente cumplieron con lo que ellos tienen la obligación de denunciar al minuto uno de cuando se enteraron de que esta persona existía la posibilidad de que estuviera viva”.
Y en esa línea añadió que también se busca que se realice un sumario, “para ver si efectivamente existieron ilícitos de parte de los funcionarios y que también tengan sus responsabilidades”, incluso penales, pues igualmente se pide que se entreguen los antecedentes al Ministerio Público, al estar involucrados recursos de todos los chilenos.
Mientras que el jefe de bancada, Frank Sauerbaum, adelantó que se presentó un proyecto de ley “para modificar la ley orgánica de la Contraloría General de la República, en su artículo número 1, artículo 6 bis, para poder agregar una nueva atribución para que la Contraloría tenga la potestad de dejar sin efecto cualquier beneficio que haya sido de este tipo u otros, mal habido. (Ya sea) falseando información o simplemente equivocado o con antecedentes erróneos”.
El parlamentario apuntó que hoy en día el Estado “no puede seguir pagando con recursos propios, recursos de todos los chilenos, beneficios que hoy día no se merecen muchas personas y, por lo tanto, requerimos normalizar esta situación”. Concluyendo que esta acción “se puede extrapolar a otros beneficios, como por ejemplo, el tema de los falsos exonerados o también a quienes tienen gratuidad universitaria falseando su registro social de hogares, u otros beneficios que se reciben directamente del Estado con información falsa”.
