Natalia Romero y Cristóbal Martínez solicitarán a ambos organismos el inicio de una auditoría y que se estudie la presentación de acciones judiciales para así recuperar los montos involucrados.
Los diputados de la Bancada UDI, Natalia Romero y Cristóbal Martínez, anunciaron el envío de un oficio a la Contraloría General de la República y al Consejo de Defensa del Estado a raíz del despilfarro de más de $513 millones al interior de la Subsecretaría de Transportes, luego que se diera a conocer que en el marco de la implementación de la nueva Ley de Empresas de Aplicaciones de Transporte -más conocida como “Ley Uber”- el Gobierno tuvo que poner término anticipado a la compañía que había contratado vía trato directo para desarrollar el Registro de Empresas de Transporte (EAT), la plataforma que debe alojar toda la información relacionada con los conductores, pasajeros y viajes.
Al respecto, ambos parlamentarios reaccionaron a la información dada a conocer esta tarde por el programa Informe Especial, que reveló que en agosto pasado el Ministerio de Transportes decidió poner fin al contrato que un año antes había firmado con la empresa Concordia Ediciones SpA, por un total de 13 mil UF, producto de los graves incumplimientos y falencias en el desarrollo del registro.
En ese sentido, si bien los diputados Romero y Martínez han sido férreos opositores a la denominada “Ley Uber”, al punto que a fines de 2023 ingresaron un proyecto de ley para postergar su entrada en vigencia ante el impacto que las nuevas exigencias podrían ocasionar en el empleo y en la oferta de los viajes, manifestaron su preocupación no sólo por los $513 millones que el Ejecutivo habría malgastado en el desarrollo de la plataforma digital, sino que también por los cerca de $800 millones (un 55% más del presupuesto original) que habrían destinado para contratar a una segundaempresa.
Por lo mismo, los integrantes de la Bancada UDI acordaron, en primer lugar, remitir los antecedentes a la Contraloría, solicitando abrir una investigación por el trato directo que realizó la Subsecretaría de Transportes y los montos involucrados, así como para determinar las posibles responsabilidades administrativas que podrían existir y verificar si el Gobierno ordenó alguna acción con el fin de recuperar parte de los millonarios recursos. Y en segundo lugar, Romero y Martínez oficiarán al CDE para que estudien la presentación de una querella por los eventuales delitos que podrían existir.
“En medio de todas las dudas que existen respecto del manejo de los recursos públicos por parte de la actual administración, hoy encima nos enteramos que más de $513 millones se habrían botado a la basura. Estamos frente a un despilfarro millonario de recursos públicos, del cual el Ejecutivo no puede desentenderse, porque fueron ellos quienes contrataron vía trato directo a esta empresa y tenían la obligación de planificar y supervisar el desarrollo de esta plataforma, lo que aparentemente no hicieron. Por eso vamos a remitir toda la información a la Contraloría y al Consejo de Defensa del Estado, porque aquí no sólo hay recursos públicos que se deben recuperar, sino que además hay posibles responsabilidades administrativas que deben ejercerse”, señalaron ambos parlamentarios.
En esa misma línea, los diputados Romero y Martínez advirtieron que los antecedentes conocidos hasta ahora “al menos dan para sospechar una eventual negligencia por parte de las autoridades”, aludiendo así a que la empresa contratada no había participado en ninguna de las dos licitaciones que se levantaron con anterioridad, y que además contrataron a funcionarios de una de las firmas que sí postuló, lo que a juicio de ambos legisladores “es poco transparente y bastante llamativo”.
Producto de lo anterior, además de las acciones fiscalizadoras que anunciaron, los representantes de la bancada gremialista también solicitarán a la comisión de Obras Públicas y Transportes de la Cámara de Diputados que puedan citar con carácter de “urgente” al ministro de la cartera, Juan Carlos Muñoz, así como al subsecretario, Jorge Daza, para que proporcionen mayores antecedentes.
“Las principales autoridades del Ministerio de Transportes y quienes han insistido en llevar adelante esta polémica ley, pese a los enormes reparos que existen, tienen la obligación de venir al Congreso a dar todas las explicaciones que sean necesarias. Estamos hablando de un millonario contrato que, a todas luces, no se supervisó de la manera correcta y terminó generando un grave perjuicio a las arcas fiscales. Esta grave situación requiere ser aclarada y vamos a exigir que se asuman todas las responsabilidades políticas y administrativas que correspondan”, reiteraron los diputados Romero y Martínez, quienes finalmente manifestaron que “es bastante evidente que es necesario postergar la entrada en vigencia de esta ley, al menos hasta que no se resuelvan todos los problemas que tiene”.
