A través de una declaración, el Gobierno a través de la Subsecretaría del Interior, se refirió al cúmplase decretado por la justicia para la megatoma de cerro Centenario en San Antonio.
En el texto indicaron que se «ha colaborado activamente, de acuerdo con sus capacidades y a las condiciones planteadas por la justicia, para ejecutar el fallo dictado por la Excma. Corte Suprema, respecto de los terrenos de la denominada Toma de San Antonio”.
Destacan que «Estas condiciones fueron reiteradas en la reciente resolución de la Iltma. Corte de Valparaíso, del 01 de octubre de 2025, que reiteró que el desalojo sólo puede darse siempre que, previamente, el municipio respectivo, en coordinación con las carteras ministeriales correspondientes, esto es, el Ministerio del Interior, de Vivienda y Urbanismo, de Bienes Nacionales y de Desarrollo Social, implementen de manera transitoria un recinto que reúna las condiciones adecuadas donde las personas desalojadas sean albergadas o cobijadas con posterioridad al lanzamiento. Este punto es del todo relevante, ya que es la propia justicia la que reconoce que el desalojo de las personas, no puede llevarse a cabo con auxilio de la fuerza pública sino hasta que se cumplan las condiciones humanitarias necesarias».
«Es así como la Mesa de Coordinación Intersectorial Regional en materia de Desalojos para este caso se encuentra operativa, registrándose su última sesión el día 17 de septiembre, luego del término del trabajo de la Comisión Técnica a la que las partes encomendaron la búsqueda de un acuerdo. El objetivo es establecer y coordinar las
condiciones del desalojo que fueron establecidas por la justicia. Se proyecta que la próxima sesión se desarrolle durante la próxima semana», agregaron.
En el texto se aclara que «tal y como lo ha señalado públicamente el ministro Carlos Montes, se sigue trabajando en la búsqueda de una solución para más de 10 mil personas. De hecho, durante estos meses se ha trabajado con las más de 40 cooperativas federadas que hoy se encuentran ahorrando para concretar la compraventa del terreno, entendiendo que el acuerdo ha sido que las familias sean corresponsables en la solución. En esa línea, el Minvu ha continuado las tratativas, y la Subsecretaría del Interior las respalda, con el objetivo de llegar a buen puerto».
«Así, la disposición al trabajo colaborativo con la inmobiliaria constructora San Antonio S.A. sigue firme. De hecho, cabe aclarar que, si bien el abogado de la empresa ha manifestado públicamente que no se les ha concedido reunión a través de la Ley de Lobby, en el caso del Ministerio y Subsecretaría del Interior, estas solicitudes fueron recibidas recién durante esta jornada, viernes 3 de octubre, y en el caso de la Delegación Provincial Regional de Valparaíso fue recibida el martes 30 de septiembre», concluyen.
