El «Día Mundial de la Alimentación» invita a reflexionar sobre los desafíos y compromisos que enfrentamos como sociedad para garantizar el acceso universal a los alimentos, así como también, su calidad, inocuidad, trazabilidad y sostenibilidad.
Un informe realizado por la FAO y organismos asociados (2025) reveló que la inflación en el precio de los alimentos ha superado a la general, impulsada por la pandemia de Covid-19 y la posterior guerra en Ucrania. Este aumento, cercano al 10%, golpea con mayor fuerza a países de bajos ingresos, afectando de manera desproporcionada a mujeres y poblaciones rurales. Aunque la subalimentación global ha disminuido levemente, aún se estima que 512 millones de personas padecen hambre, siendo un 60% de subregiones de África, la cual también muestra un incremento en la inseguridad alimentaria.
Chile, país agroexportador, enfrenta retos concretos vinculados a la calidad e inocuidad de sus productos. Casos recientes, como la detección de cadmio en paltas exportadas o los reportes de mercurio en peces amazónicos, instruyen que la contaminación derivada de actividades industriales y agrícolas afecta y compromete la confianza en los alimentos, generando consecuencias en la salud pública y la economía nacional. El manejo inadecuado y no trazable conduce a que moléculas dañinas para el ser humano puedan ser ingeridas mediante el consumo de alimentos.
Estos escenarios son evitables mediante una agricultura sustentable, el uso responsable de insumos agrícolas y el apoyo contante desde la investigación científica para reducir los riesgos asociados a la producción de alimentos. Además, organismos como ACHIPIA, SAG y el Ministerio de Salud en Chile, han fortalecido normativas que alinean la producción, exportación y consumo con estándares internacionales de inocuidad, así como la implementación de sistemas de control y supervisión permanente para minimizar los riesgos, asegurando una trazabilidad alimentaria desde el campo a nuestras mesas.
Vivimos en una era en que producir más ya no basta. La calidad y seguridad de lo producido, su impacto ambiental, distribución y el respeto por la salud humana, son parte del derecho a la alimentación.
La ciencia y la investigación tienen la responsabilidad de generar conocimiento que permita prevenir riesgos, remediar daños y alertar oportunamente sobre amenazas a la seguridad alimentaria. A su vez, las políticas públicas deben aplicar esos conocimientos mediante la regulación, fiscalización y la promoción de mejores prácticas; y en paralelo, el sector privado, productores, empresas exportadoras y distribuidores, tienen el deber de actuar con transparencia, responsabilidad y compromiso con la inocuidad, impulsando una transformación hacia sistemas productivos más resilientes y sostenibles.
La ciudadanía también tiene un rol clave: es fundamental preferir siempre alimentos adquiridos en lugares establecidos, donde la fiscalización sanitaria asegura su inocuidad, evitando el comercio informal que no ofrece esa garantía.
Este Día Mundial de la Alimentación, reafirmamos el compromiso de avanzar hacia un sistema alimentario más justo, saludable y sostenible. Porque alimentar al mundo no solo es una cuestión de cantidad, sino también de calidad, equidad y seguridad.
