La pregunta sobre si Chile podrá dejar atrás el efectivo antes de 2030 ya no suena tan descabellada como hace algunos años. El uso de medios de pago digitales no solo se ha masificado, sino que hoy es parte cotidiana de la vida de millones de personas. Según el Banco Central, en marzo de 2024 el 66% del consumo de los hogares se realizó con tarjetas, mientras que más del 80% de las transacciones presenciales se concretaron mediante pagos digitales con tecnologías sin contacto. A esto se suma que el comercio electrónico superó los US$11.500 millones en 2024, consolidando un giro irreversible hacia lo digital.
Sin embargo, la fotografía completa revela un país con contrastes. Mientras en las grandes ciudades pagar con tarjeta o con el celular parece la norma, en localidades rurales e intermedias el efectivo sigue siendo el rey. Allí, más que por falta de acceso, la preferencia responde a costumbre, confianza y la percepción de que «lo tangible» es más seguro. Esta brecha plantea la gran pregunta: ¿puede Chile avanzar hacia una economía 100% digital sin dejar a nadie atrás?
Los beneficios de los pagos digitales son claros: mayor seguridad al evitar el manejo de grandes sumas de efectivo, más comodidad y un mejor control financiero gracias al registro automático de cada transacción. Pero no basta con resaltar las ventajas; el verdadero desafío es garantizar que todos tengan las mismas condiciones para adoptarlos. De lo contrario, la digitalización corre el riesgo de profundizar desigualdades, transformando lo que debería ser un derecho en un privilegio reservado a las zonas urbanas.
¿Desaparecerá el efectivo en Chile antes de 2030? Tal vez. Pero si sucede, no será únicamente por la innovación tecnológica, sino por un proceso mucho más profundo: un país que logra modernizar su sistema de pagos sin sacrificar la equidad ni la confianza de sus ciudadanos.
