El reciente aumento en los remates de rentas vitalicias tras la implementación de la Ley N° 21.735 ha encendido el debate sobre los efectos reales de la Reforma Previsional. La norma, que eliminó la oferta externa y concentró toda la competencia dentro del Sistema de Consultas y Ofertas de Montos de Pensión (SCOMP), busca mejorar la transparencia, pero también plantea nuevos desafíos regulatorios.
Según Andrés Cáceres, docente de Duoc UC sede Plaza Oeste y experto en Legislación Laboral, la medida “fortalece los derechos de los pensionados en términos de transparencia y toma de decisiones informadas”. Sin embargo, advierte que su correcta implementación requerirá una fiscalización activa para evitar prácticas anticompetitivas o falta de participación por parte de las aseguradoras.
Fortalezas y beneficios para los pensionados
Para Cáceres, centralizar todas las ofertas dentro del SCOMP tiene tres efectos positivos: mayor transparencia, reducción de comisiones y decisiones más informadas.
“Al obligar a todas las ofertas a estar dentro del SCOMP, el pensionado puede comparar de forma más fácil y directa todas las opciones disponibles, sin la influencia de incentivos de venta externos”, explica.
Además, señala que la eliminación de la oferta externa reduce los costos asociados a intermediarios —como agentes previsionales— y permite que una mayor parte de los fondos vaya directamente a financiar la pensión.
Riesgos de baja participación y falta de competencia
El experto advierte que el mecanismo de remate, pensado para incentivar mejores ofertas de rentas vitalicias, ha tenido históricamente poca participación.
“En el pasado, el 86% de los remates no recibió ofertas”, recuerda Cáceres. “Si las aseguradoras no tienen un incentivo fuerte para competir con sus mejores precios, el proceso pierde su objetivo de mejorar la pensión del afiliado.”
También existen riesgos de transparencia respecto a la llamada postura mínima, monto que el pensionado debe fijar para iniciar el remate. “Una mala definición de ese monto puede desincentivar la competencia o llevar a decisiones poco convenientes”, advierte el académico.
El rol de la CMF y el Sernac
Cáceres plantea que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y el Sernac tienen un rol clave para garantizar que el remate de rentas vitalicias realmente beneficie a los afiliados.
“La CMF debe monitorear la participación de las aseguradoras, asegurar la transparencia del sistema y fiscalizar cualquier indicio de colusión”, señala.
Por su parte, el Sernac debe enfocarse en la protección del pensionado como consumidor, garantizando información clara, lenguaje accesible y contratos sin cláusulas abusivas.
“El Sernac tiene que asegurar que los pensionados comprendan las implicancias del remate y que no se enfrenten a publicidad engañosa o falta de información”, enfatiza Cáceres.
Un cambio con potencial, pero bajo observación
Aunque la eliminación de la oferta externa promueve mayor transparencia y competencia, el especialista insiste en que el éxito del sistema dependerá de la participación activa de las compañías de seguros y de una fiscalización permanente de las autoridades.
“El remate puede convertirse en una herramienta poderosa para obtener mejores pensiones, siempre que exista competencia real y acompañamiento al afiliado”, concluye.
