Parlamentarios de la Comisión de Educación sostienen que el pronunciamiento del ente fiscalizador demuestra la falta de viabilidad y sostenibilidad del proyecto que reemplaza el CAE
Diputados de oposición calificaron como un duro revés para el Gobierno el dictamen emitido por la Contraloría General de la República sobre el nuevo sistema de Financiamiento de la Educación Superior (FES), que busca reemplazar el Crédito con Aval del Estado (CAE).
La parlamentaria Marcia Raphael (RN) sostuvo que la resolución confirma lo que la oposición había advertido desde el inicio de la tramitación:
“Es decepcionante ver cómo una vez más se revelan complicaciones y deficiencias en este proyecto, que fue una de las promesas de campaña de este gobierno. Desde un principio se habían levantado advertencias sobre la viabilidad y sostenibilidad de este nuevo sistema de financiamiento, y este dictamen de la Contraloría confirma nuestras sospechas. Es lamentable que la ciudadanía se vea enfrentada a una iniciativa que no cumple con las expectativas ni las garantías necesarias para su correcta implementación”, afirmó.
Por su parte, el parlamentario Stephan Schubert (PRep) advirtió que el pronunciamiento del ente contralor tiene profundas implicancias para las cuentas públicas del país:
“La Comisión para el Mercado Financiero y la Contraloría han sacado a la luz lo que señalamos desde un principio: el FES no es un crédito, no es un impuesto, y ahora la Contraloría dice que el Gobierno deberá imputarlo no como un activo por cobrar, sino como una deuda. Eso es gravísimo para el balance fiscal”, subrayó.
“Aquí hay un problema estructural: esta deuda va a haber que financiarla, y es millonaria. En definitiva, para salir del mal CAE nos están metiendo en un peor FES. Esperamos que el Gobierno se pronuncie, aclare la naturaleza jurídica del sistema y explique de dónde va a sacar los recursos”, añadió.
El pronunciamiento del organismo establece que los aportes del Fisco a los beneficiarios del FES no pueden contabilizarse como activos financieros, sino potencialmente como gasto público, lo que representa un impacto fiscal significativo y pone en entredicho la viabilidad presupuestaria del proyecto. Según estimaciones de un exdirector de Presupuestos, el costo adicional podría alcanzar los US$ 5.000 millones hacia 2030.
