En el mes de julio pasado, la senadora por la región de O´Higgins, Alejandra Sepúlveda (IND), a solicitud de dirigentes colectiveros de la Confederación Nacional de Taxis Colectivos de Chile (CONATACOCH), de las comunas de San Fernando y Rancagua, redactó una moción parlamentaria que buscaba entregar estabilidad a una función tan importante para la ciudadanía, como es el transporte colectivo regional.
Esta iniciativa, que ingresó al Senado el 12 de agosto y que según explicó la propia parlamentaria surgió de una reunión de trabajo en su oficina parlamentaria de la capital regional, hoy comienza a ser realidad, pues fue aprobada en su primer trámite legislativo en el Senado de la República.
“Esta es una moción parlamentaria, que redactamos en conjunto con varios dirigentes, que hoy me gustaría destacar, como Rodrigo Pavéz, Juan Zamorano, Sergio Mendez, Ismael Llantén, Angel Dachelet, Sonia Moreno, Clara Bustamante y Luis Fuentes, de las distintas comunas de la región de O´Higgins, en una reunión de trabajo que sostuvimos en la oficina parlamentaria en Rancagua, donde lo que hicimos fue precisamente hacer un diagnóstico de lo que estaba ocurriendo en el sector de los taxis colectivos y la inminente expiración del cierre del parque vehicular, que vence este próximo 15 de noviembre, al alero de la gran función que ellos realizan, porque, sabemos que quién ayuda a que las personas se puedan trasladar de un lugar a otro, fundamentalmente, en las regiones son los taxis colectivos”.
La iniciativa, plantea prorrogar por siete años el congelamiento del parque automotriz, ante la inminente expiración del cierre del parque vehicular, mecanismo que, desde 1998, ha permitido regular la cantidad de vehículos y salvaguardar la sostenibilidad de la actividad, pero que, tras la última prórroga del 15 de noviembre de 2020 a través con la Ley No. 21.286, dicho plazo estaba pronto a vencer el próximo 15 de noviembre de 2025, poniendo en riesgo la sobreoferta de vehículos de transporte público lo que a su vez, puede generar un aumento en la congestión y contaminación ambiental.
Si bien, inicialmente el proyecto había pedido un plazo de siete años, la Comisión de Transporte del Senado lo dejó en cinco años finalmente, y según señalaron los propios dirigentes impulsores, la suspensión de nuevas inscripciones de taxis y taxis colectivos, otorgaría a los operadores la certeza necesaria para optar a créditos de mayor plazo y adquirir vehículos de actos alto costo como los eléctricos e híbridos.
El proyecto que contó, además, con la firma del senador Matías Walker, pasa ahora a su segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados.
