Imputados quedaron en prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad.
Una investigación de la Fiscalía de Calama y carabineros de OS7 El Loa permitió la detención de un hombre y una mujer, ambos de nacionalidad chilena, por su participación en el delito de venta ilegal de explosivos, la cual realizaban a través de un perfil de la plataforma Instagram.
Según se expuso en audiencia de formalización, la investigación comienza cuando la policía toma conocimiento que desconocidos procederían a la venta emulsiones de dinamita a un valor de 400 mil pesos, por lo que se inician diversas diligencias tendientes a determinar la veracidad del hecho y detener a sus responsables.
De esta manera, mediante distintas técnicas de investigación especiales, se logra identificar a los involucrados y detenerlos cuando se desplazaban en un vehículo, portando una caja de cartón en cuyo interior había dos emulsiones marca Emulnor 3000 y dos mechas lentas.
Tras el hallazgo, se ejecuta una orden de entrada, registro e incautación en un domicilio de Calama, donde se descubre una caja con booster multiplicador de energía, una caja con 99 detonadores, un cargador de pistola con dos municiones 9 mm, otras dos emulsiones Emulnor 3000, trozos de mecha lenta y $140.000 dinero en efectivo.
Los detenidos fueron formalizados por los delitos de transporte o almacenamiento Ilegal de explosivos, tenencia ilegal de partes de arma de fuego y tenencia ilegal de municiones, y por petición del Ministerio Público, quedaron en prisión preventiva.
PELIGRO
El Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, destacó que la detención de ambas personas se produjo como parte de un proceso investigativo que permitió conocer anticipadamente los planes de los imputados y solicitar las órdenes para su rápida detención.
Castro Bekios destacó que todos los elementos incautados son de alta peligrosidad y de acuerdo a los análisis realizados, estaban aptos para su uso, por lo que destacó que, con la detención de ambas personas y la recuperación de los explosivos, se evitó la posibilidad que fueran empleados en delitos u actividades ilegales.
“Ahora lo que resta es determinar la procedencia de estos elementos y por qué estaban en manos de estas personas, que es una cuestión esencial atendida la peligrosidad que encierra su manipulación y uso”, señaló el persecutor.
El Juzgado de Garantía de Calama fijó un plazo de investigación inicial de 120 días, periodo durante el cual se seguirán desarrollando diligencias en torno a esta causa.
