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Juego Responsable en América Latina: Chile se acerca al estándar regional

Mientras Colombia, Argentina y Perú consolidan políticas avanzadas para proteger a los jugadores, Chile entra en una etapa clave con la inminente aprobación de su ley de apuestas online.

El juego responsable se ha convertido en la piedra angular de las regulaciones modernas de apuestas en línea. Este concepto implica la implementación de medidas concretas para proteger al jugador, como la autoexclusión, límites de depósito y tiempo, verificación de identidad y acceso a ayuda profesional. En América Latina, varios países ya han avanzado con marcos legales sólidos que priorizan la seguridad, mientras Chile entra en una fase decisiva para sumarse a esa tendencia

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Colombia: el referente regional

Colombia fue el primer país en regular las apuestas online en la región, en 2016. Bajo la supervisión de Coljuegos, estableció una política de autoexclusión centralizada, restricciones publicitarias y procesos de verificación de identidad que impiden el acceso a menores.
Hoy, más del 80% del mercado colombiano se mueve a través de operadores legales, lo que ha permitido canalizar la actividad, aumentar la recaudación fiscal —que financia parte del sistema de salud— y reducir la exposición a sitios ilegales. Además, miles de jugadores han utilizado el sistema de autoexclusión, confirmando su efectividad.

Argentina: enfoque provincial y educación al jugador

En Argentina, la regulación depende de cada provincia, pero tanto la Ciudad como la Provincia de Buenos Aires destacan por sus programas de juego responsable. Ambas cuentan con registros de autoexclusión voluntaria y mensajes obligatorios en plataformas digitales.
El impacto se mide en miles de personas inscritas en los registros y un aumento de llamadas a líneas de ayuda, interpretado como una señal positiva de visibilización del problema. Además, campañas educativas como “Saber Jugar” han mejorado el conocimiento público sobre los riesgos del juego compulsivo.

Perú: regulación reciente, foco en la protección

Perú formalizó su mercado en 2022 con la Ley N° 31557 y su reglamento en 2023, bajo la supervisión del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. La normativa exige verificación de identidad con la RENIEC, planes de juego responsable auditados por el regulador y un registro nacional de autoexclusión.
Si bien los resultados son incipientes, el país ya inició el proceso de licenciamiento y bloqueo de sitios ilegales, marcando un cambio hacia la fiscalización y el control del mercado.

Brasil y México: avances dispares

Brasil avanza en la implementación de su nueva regulación federal aprobada a fines de 2023, que contempla medidas de verificación de identidad y autolimitación, aunque aún en fase de desarrollo.
México, en tanto, mantiene una legislación antigua (de 1947), con lineamientos de juego responsable menos centralizados, aunque aplicables a los operadores con licencia de la Secretaría de Gobernación (SEGOB).

Chile: entre el Congreso y los tribunales

Chile atraviesa un momento clave. Tras años en una “zona gris” sin regulación específica, el proyecto de ley que regula las plataformas de apuestas online (Boletín N° 15.213-03) se encuentra en su fase final de tramitación en el Congreso. La iniciativa busca crear la Superintendencia de Casinos, Apuestas y Juegos de Azar (SCJ) y establecer medidas de protección como la autoexclusión y los límites de depósito.
Paralelamente, la Corte Suprema ha ordenado el bloqueo de sitios sin licencia, calificando la actividad como ilícita en ausencia de autorización estatal. Sin embargo, los bloqueos han demostrado ser fáciles de evadir, y los jugadores continúan sin acceso a herramientas de protección estandarizadas.

Una tendencia regional hacia la seguridad

El panorama latinoamericano muestra un camino común: avanzar hacia la regulación formal y la protección del usuario. Colombia, Argentina y Perú ya ofrecen marcos claros y funcionales, mientras Chile se prepara para dar un paso decisivo que lo alinee con las mejores prácticas regionales.
La aprobación del proyecto de ley será clave para que el país pase de la informalidad a un entorno controlado, transparente y seguro, donde el Juego Responsable deje de ser una aspiración y se convierta en norma.

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