Tras alcanzar el quorum de aprobación se acogió el libelo lo que significa que el acusado quedará destituido de su cargo, y no podrá desempeñar ninguna función pública, sea o no de elección popular, por 5 años.
Por “notable abandono de deberes”, el Senado acogió los fundamentos de la acusación constitucional en contra del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa Márquez.
De este modo, y según lo establecido en la Constitución, el magistrado quedará destituido de su cargo, y no podrá desempeñar ninguna función pública, sea o no de elección popular, por 5 años.
La jornada vespertina se inició con la fundamentación de las posturas de las y los senadores quienes argumentaron en relación a los tres capítulos de la acusación pese a que cada capítulo se votó en forma separada.
Hicieron uso de la palabra las y los senadores: Iván Moreira, Juan Luis Castro, Karim Bianchi, Carmen Gloria Aravena, Francisco Huenchumilla, Claudia Pascual, Yasna Provoste, Fidel Espinoza, Luciano Cruz Coke, Fabiola Campillai, José Miguel Insulza, Tomás de Rementería, Alfonso De Urresti, Esteban Velásquez, Paulina Vodanovic, Juan Ignacio Latorre, Iván Flores, Pedro Araya, Francisco Chahuán, Daniel Núñez, Matías Walker, Sergio Gahona, Gastón Saavedra, Gustavo Sanhueza, Javier Macaya , Rojo Edwards, Juan Castro Prieto, Alejandro Kusanovic, Ximena Rincón y David Sandoval.
En la oportunidad, los legisladores se refirieron en detalle a cada uno de los fundamentos de las acusaciones y también a los argumentos de la defensa y de la parte acusadora.
Tras un amplio debate, las votaciones fueron las siguientes:
1) Capítulo I relativo a faltar el deber de reserva, que da lugar al notable abandono de deberes: se aprobó por mayoría con 44 a favor y 3 abstenciones.
2) Capítulo II relativo al deber de abstención e imparcialidad en decisiones judiciales: se respaldó por 27 votos a favor; 8 en contra y 8 abstenciones.
3) Capítulo III respecto a la intervención indebida en los nombramientos, que da lugar al notable abandono de deberes también fue aprobado con 30 votos favorables, 7 en contra y 8 abstenciones.
ARGUMENTOS
El senador Iván Moreira hizo énfasis en que a través de esta acusación constitucional “no se busca juzgar al ministro Ulloa por sus fallos sino por sus actuaciones extrajudiciales”. Asimismo, expresó su preocupación porque “los últimos hechos conocidos ponen un manto de dudas sobre la imparcialidad de los jueces”.
El senador Juan Luis Castro, precisó que el ministro acusado enfrenta tres capítulos a raíz de los comportamientos señalados: “entrega reiterada de información a terceros que vulneran el deber de reserva de los tribunales y la obligación de probidad de toda acción pública, además, no se inhabilitó en causas cuando existían circunstancias que comprometían su imparcialidad”.
En tanto, el senador Karim Bianchi desestimó los argumentos de la defensa respecto a que esta acusación afectaría el principio jurídico ‘non bis in idem’, que señala que una persona no puede ser juzgada dos veces por los mismos hechos. “Esta es materia constitucional” dijo y añadió que “el Congreso ejerce el control político constitucional y juzga el notable abandono de deberes”.
A su turno, la senadora Carmen Gloria Aravena aseveró que “estamos llamados a ejercer las atribuciones más graves que otorga la Constitución y lo hacemos con respeto, sin estridencias y con convicción. Aquí se discute la credibilidad de un poder, pues la justicia es el último refugio de la ciudadanía frente al abuso y su legitimidad depende de que quienes ejercen lo hagan con imparcialidad y respeto a la ley”.
En la misma línea, el senador Francisco Huenchumilla afirmó que “lo que tenemos que resguardar es la credibilidad de las instituciones para que la gente sienta que efectivamente está en un orden de Estado de Derecho y, en esa organización, a la justicia se le ha dado la facultad de ejercer la última palabra para resolver los conflictos entre las personas”.
La senadora Claudia Pascual coincidió en que en esta acusación constitucional no hay vulneración del principio ‘non bis in idem’. “Lo que estamos valorando es una responsabilidad, no juzgando un mismo hecho”, dijo y expresó que “la responsabilidad constitucional lo que hace es reestablecer la supremacía de Constitución y las leyes”.
A su turno, la senadora Yasna Provoste precisó que llegó a la convicción de que el ministro Antonio Ulloa abandonó el deber de imparcialidad y que su actuación se alejó de los estándares. “Ha faltado a la verdad y una persona de ese talante no merece ser juez de la República”.
El senador Fidel Espinoza reflexionó sobre la “grave y profunda crisis institucional” que se vive a raíz de los casos investigados en la denominada trama bielorrusa. En cuanto a la acusación precisó que “si un ministro actúa en contra de principios de imparcialidad y probidad hay un grave daño institucional”.
En tanto, el senador Luciano Cruz Coke recordó que “el denominado caso audios impactó profundamente la opinión pública y nos hemos visto abrumados por nuevas investigaciones que afectan la percepción ciudadana sobre lo que ocurre en el poder judicial. Es fundamental que el Senado sea un espacio donde se delibere con rigor, pues, las acusaciones no son herramientas políticas”.
Por su parte, la senadora Fabiola Campillai resaltó que “nuestra gente no quiere más abandono de deberes. Quieren que seamos fuertes ante la corrupción” y añadió que “por sobre todo yo no tengo que pagar favores, por lo tanto, mi voto es a favor de la acusación”.
JURADO
El senador José Miguel Insulza anunció su voto favorable a los tres capítulos de la acusación y señaló que «la conducta de este juez no procede de acuerdo con la función pública que se le encargó…este jurado tiene antecedentes suficientes para votar que si…se ha producido acá que una persona que ha tenido que ejercer la labor de juez no la ejerció como corresponde».
En una línea similar se manifestó el senador Tomás de Rementería quien, junto con anticipar su voto favorable a los tres capítulos, indicó que «cuando un magistrado actúa por interés personal o favoritismo, pone en riesgo el avance civilizatorio que implica la labor de un juez».
El senador Alfonso De Urresti criticó el actuar del magistrado señalando que «usted con su actuación falta a una tradición histórica de cientos de jueces austeros, probos, honestos que se ganan la vida y dictan justicia a lo largo de todo Chile…se convirtió con su actitud permanente en el paradigma del juez con un actuar torcido y deshonesto».
A su turno, el senador Esteban Velásquez indicó que la acusación constitucional debe ser comprendida en el ambiente de una crisis. «La acusación constitucional contra el ministro Ulloa debe analizarse también desde la necesidad de restaurar la confianza ciudadana en la administración de justicia».
La senadora Paulina Vodanovic manifestó que «se ha develado una verdadera red de vulneraciones del secreto de procedimientos judiciales, favores e influencias para nombramientos…se ha dado de una serie de antecedentes que dejan de manifiesto que el ministro Ulloa incumplió los deberes de abstención probidad y dedicación a lo que es la función del juez».
En tanto, el senador Juan Ignacio Latorre dijo que «esta acusación constitucional se da en el marco de una investigación más amplia de corrupción y conflictos de interés» y junto con respaldar los tres capítulos, indicó que «la conducta reiterada demuestra un patrón sistemático de comportamiento».
Por su parte, el senador Iván Flores lamentó el «uso político electoral que se ha hecho en esta sesión por parte de uno de los acusadores» y criticó el actuar del magistrado Ulloa señalando que «no estamos ante una mera imprudencia, estamos ante un notorio abandono de deberes».
Una opinión distinta manifestó el senador Pedro Araya quien señaló que de lo manifestado en el libelo acusatorio «no existen antecedentes que permitan establecer que el ministro haya incurrido en desviación deliberada de la administración de justicia ni el menoscabo de la imparcialidad judicial». Dijo que el primer y segundo capítulo se refieren a infracciones de carácter administrativo y que respecto del tercero «los hechos no configuran la acusación constitucional» y agregó que se abstiene por considerar que se vulnera el principio de non bis in idem.
En una línea similar, el senador Francisco Chahuán -quien se inhabilitó de votar por estar casado con una integrante del poder judicial- dijo que «la acusación constitucional podría vulnerar el principio non bis in idem» pues la Corte ya se pronunció sobre estos hechos.
En tanto, el senador Daniel Núñez anunció su voto a favor de los tres capítulos señalando que «me parece que hay argumentos de sobra». Se refirió a la relación que tenía el magistrado con el abogado Luis Hermosilla indicando que «las intenciones de Hermosilla eran mucho mayores a los favores que le hizo el juez Ulloa. Luis Hermosilla buscó instalar un operador político en la Corte de Apelaciones para favorecer los intereses de un sector político».
Senadores Insulza, De Rementería, De Urresti y Araya
El senador Matías Walker reconoció que es “difícil pronunciarse como jurado en medio de un clima electoral” y sentenció que “en virtud de los antecedentes, no es posible calificar al ministro como un juez corrupto o desleal a la función que desempeña”. Con todo, anunció su voto a favor solo del primer capítulo, referido al deber de reserva y probidad jurídica.
Respecto de filtraciones y deber de reserva, el senador Sergio Gahona sentenció que “los hechos son claros y han sido reconocidos” (…) y constituyen una infracción directa (…)”. Estas conductas -reconoció- “pueden configurar un notable abandono de deberes por lo que corresponde aprobar”. En tanto, para los capítulos 2 y 3 anunció su abstención.
El senador Gastón Saavedra argumentó su voto a favor de los tres capítulos y precisó que, “los hechos dan cuenta que el ministro era parte de una red de favores, influencias e infracciones, algunas de ellas configurarían delitos de diversa índole que afectan a la fe publica y el prestigio de nuestras instituciones”.
Por su parte, el senador Gustavo Sanhueza afirmó que “estamos ante una crisis de legitimidad del poder judicial”, al tiempo que criticó “el mal uso por parte de uno de los diputados acusadores”, generando “una situación que no corresponde”. Luego, detalló su voto a favor del primer capítulo.
El senador Javier Macaya manifestó que “pese a conversaciones impropias y reprochables con un abogado de la plaza, a mi juicio no supera el estándar que exige la Constitución al notable abandono de deberes”, reconoció y anunció el rechazo a la acusación; sumado, agregó, “por la instrumentalización política del caso”.
Por su parte, el senador Rojo Edwards precisó que “Llegué al hemiciclo pensando en aprobar, pero oídos los alegatos y revisado los antecedentes, los hechos resultan reprochables, pero ya tuvieron medidas disciplinarias (…) No estoy por aprobar la muerte civil de 5 años”.
PATRÓN DE COMPORTAMIENTO
El senador Juan Castro Prieto manifestó que “llevamos años en crisis. Este parece no ser un error aislado, sino que un patrón de conducta que configura el notable abandono de deberes”, manifestó y realizó “un llamado urgente al Ejecutivo para que pueda ejercer el control sobre los jueces y utilice las herramientas constitucionales para desmantelar las redes de corrupción”.
A su vez, el senador Alejandro Kusanovic afirmó que “luego de analizar los antecedentes, he llegado a la convicción que detrás del ministro Ulloa existe un patrón de comportamiento que resulta impropio al rol que detenta, siendo incompatible con los principios de probidad, independencia e imparcialidad”
La senadora Ximena Rincón junto con argumentar su voto a favor, lamentó “que algunos medios de comunicación se presten para hacer algo que no corresponde: imputar relaciones y vínculos de los colegas con personeros”.
El senador David Sandoval sentenció que “no existen hechos para configurar el notable abandono de deberes” y agregó que no se debe “criminalizar la sociabilidad profesional por la interacción legitima de miembros del Poder Judicial y el mundo jurídico” e instó a “avanzar en reformas que protejan la institucionalidad pública”.
Cabe consignar que los senadores Huenchumilla y Cruz Coke advirtieron sobre el procedimiento y cuestionaron la pertinencia de las votaciones de abstención en este tipo de libelos.
