El diputado Andrés Celis ofició a la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, la Gobernación Marítima de Valparaíso, la Seremi de Salud y la Delegación Presidencial Regional, solicitando una fiscalización urgente y coordinada en la concesión marítima que opera actualmente en el sector del Balneario Las Salinas, en Viña del Mar.
El parlamentario explicó que la acción responde a la persistencia de denuncias ciudadanas por mal uso del espacio concesionado, acumulación de residuos, realización de eventos no autorizados y deficiente manejo sanitario, lo que, a su juicio, “pone en entredicho la legalidad de la concesión y la responsabilidad de los organismos fiscalizadores”.
“Lo que buscamos es que las instituciones actúen de manera inmediata y en terreno. Las Salinas no puede transformarse en un territorio sin control, donde se vulneren las normas sanitarias, ambientales y de orden público. Si una concesión no cumple sus obligaciones, debe revocarse. Así de simple”, enfatizó el diputado Celis.
En el documento, el legislador emplazó a la Seremi de Salud a realizar una inspección sanitaria en el local comercial instalado dentro del área concesionada, abarcando higiene, manipulación y almacenamiento de alimentos, disposición de residuos, alcantarillado, control de plagas y condiciones ambientales.
Asimismo, pidió a la Delegación Presidencial Regional coordinar una fiscalización interinstitucional junto a la Gobernación Marítima y la Municipalidad de Viña del Mar, para constatar en terreno el cumplimiento de las condiciones de uso y operación.
En ese sentido, Andrés Celis recalcó que la falta de acción oportuna puede generar consecuencias graves, asegurando que “la inacción de las autoridades compromete la salubridad pública. No puede ser que, en un balneario tan concurrido, existan actividades irregulares sin que se fiscalice ni se sancione. Aquí hay deberes legales y administrativos que deben cumplirse”.
El diputado solicitó que las instituciones oficiadas remitan los resultados de las inspecciones dentro del plazo legal de 10 días hábiles, advirtiendo que, de persistir las irregularidades, llevará el caso ante la Contraloría General de la República.
“No se trata solo de una concesión, sino del respeto al uso público del borde costero y de la obligación de las autoridades de garantizar condiciones seguras y limpias”, finalizó Celis Montt.
