El reciente colapso de plataformas globales y proveedores de servicios y seguridad en la nube deja en evidencia que el costo de una brecha de ciberseguridad trasciende lo tecnológico, afectando la economía y la confianza. El debate actual en Chile debe pasar de ser meramente técnico a ser estratégico, pues la interrupción de sistemas compromete empleos y erosiona la confianza, siendo un ejemplo del «impacto económico severo» en la continuidad del negocio.
Indicadores chilenos muestran vulnerabilidad: solo uno de cada cinco líderes considera eficaz su estrategia, el 76% tarda seis meses o más en responder a incidentes, y el 63% lucha contra el crecimiento de su superficie de ataque. Esto evidencia que la ciberseguridad se ve aún como un tema exclusivo de TI, en lugar de una cuestión cultural.
La Ley 21.663 no solo introduce un marco de multas; establece obligaciones concretas que elevan el estándar mínimo de seguridad del país. Exige a las organizaciones reportar incidentes de forma oportuna, implementar controles técnicos, fortalecer la gobernanza interna y demostrar mejoras continuas en sus capacidades de respuesta. Es un salto desde la reacción a una cultura de prevención.
Sin embargo, el desafío real va más allá del cumplimiento normativo: consiste en migrar de la gestión de incidentes a la gestión de la resiliencia. Las empresas que integran la seguridad en su estrategia no solo reducen riesgos, sino que habilitan innovación, protegen la continuidad operativa y ganan ventaja competitiva en un entorno donde la interdependencia digital ya no es opcional. La ciberseguridad deja de ser un costo y se convierte en una inversión estratégica que define el liderazgo económico y el estándar digital del país.
