El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Antonio dictó veredicto condenatorio en contra del exalcalde de Algarrobo, José Luis Yáñez Maldonado, acusado como autor de los delitos de malversación de caudales públicos y lavado de activos, en perjuicio del municipio comunal. Ilícitos perpetrados entre marzo de 2022 y noviembre de 2023.
Rosa Caballero, Jueza del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Antonio, entregó los detalles del dictamen adoptado esta tarde, donde se logró condena como autores de malversación de caudales públicos para José Luis Yáñez y Belén Carrasco. Sixto Carrasco fue condenado como cómplice del mismo delito. Además los tres fueron condenados como autores de lavado de activos.
La comunicación de la sentencia se realizará el 8 de enero de 2026. El fiscal jefe de la URAC (Unidad Regional Anti Corrupción), Claudio Rebeco, se refirió a las sentencias que ellos esperan para los tres condenados en este caso, quienes se mantienen en prisión.
El persecutor sostuvo que «hemos conocido el veredicto del tribunal después de un juicio de larga extensión, aproximadamente un mes, y el tribunal se formó la convicción respecto de su intervención en un delito de malversación de caudales públicos. El exalcalde José Luis Yáñez Carrasco y la exfuncionaria Federica Belén Carrasco como autores de ese delito y Sixto Carrasco como cómplice de ese mismo delito», apuntó.
Destacó que «teniendo en consideración que además condenó por delitos de lavado de activos, debieran ser penas de cumplimiento efectivo. Eso nos parece que es muy coherente con la gravedad de los hechos que fueron investigados por el Ministerio Público» y mencionó que «la sola lectura del veredicto de los hechos demuestra que son muy complejos desde el punto de vista del sinnúmero de movimientos bancarios que se realizaron para precisamente lavar estos dineros».
«Hemos cumplido el rol que nos corresponde», manifestó Rebeco, quien reconoció que aún existe un importante trabajo para recuperar el dinero defraudado y los activos.
Rebeco puntualizó que el Ministerio Público espera que las penas sean de cumplimiento efectivo, más allá del tiempo solicitado. Además ratificó que los montos defraudados alcanzan los 1.163 millones de pesos. Las penas podrían estar entre los 20 y 12 años de presidio.
«No necesariamente se van a imponer las penas que ha pedido el Ministerio Público pero insisto, estamos satisfechos porque entendemos que aquí hay penas de cumplimiento efectivo», concluyó
