En Chile, la discusión sobre seguridad vial suele centrarse en la prevención de accidentes y en el daño material. Sin embargo, persiste una brecha estructural poco abordada: la insuficiente protección ante los daños a terceros. Esto es muy relevante, considerando que los costos económicos y sociales de un accidente grave suelen superar ampliamente la capacidad financiera del conductor responsable.
A nivel internacional, gran parte de los países de la OCDE ha avanzado en sistemas donde la responsabilidad civil vehicular es un requisito obligatorio para circular, considerada como un estándar mínimo de protección a terceros. Tal es el caso en la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá, donde se exige tener un seguro que permita indemnizar eficazmente los daños personales y materiales ocasionados a terceros.
Chile mantiene un esquema distinto. El seguro obligatorio se limita a accidentes personales y no contempla la responsabilidad patrimonial frente a terceros. La contratación de responsabilidad civil es voluntaria y, cuando existe, sus montos suelen ser insuficientes frente a la magnitud potencial de un siniestro grave, que puede implicar gastos médicos prolongados e incapacidades permanentes.
En este contexto, la Responsabilidad Civil en Exceso surge como una herramienta destinada a ampliar las coberturas base y permitir una reparación más acorde al daño causado. Avanzar hacia un estándar regulatorio más robusto no implica replicar modelos externos, sino fortalecer la protección a las víctimas y promover una convivencia vial más justa.
