Los parlamentarios Jorge Guzmán (Evópoli), Roberto Arroyo (PSC) y Mauro González (RN) cuestionaron la legitimidad de la plataforma lanzada por la administración Boric, anunciando requerimientos ante la Contraloría por posible vulneración a la prescindencia política y austeridad fiscal.
Una cerrada ofensiva legislativa iniciaron esta jornada diputados de Chile Vamos y el Partido Social Cristiano (PSC) contra el Gobierno del Presidente Gabriel Boric luego de que el Ejecutivo pusiera en marcha el sitio web “1000 Avances”, plataforma que busca sistematizar y destacar los logros de la actual gestión a meses de terminar su mandato, la que fue calificada por la oposición como una estrategia de «autopromoción» financiada con fondos de todos los chilenos.
Desde Evópoli, el diputado Jorge Guzmán fue categórico en señalar que el esfuerzo comunicacional del Gobierno intenta ocultar una gestión deficitaria. «Los legados se defienden por sí mismos, no de forma forzada como pretende el gobierno. Me daría vergüenza estar presionando y destinando recursos públicos a crear un relato de un legado inexistente. La ciudadanía recuerda al presidente y su gobierno como una gran mentira, que llegó a gobernar con un discurso que se diluyó al poco andar. Ese es el verdadero legado», afirmó el parlamentario.
Por su parte, el diputado del Partido Social Cristiano, Roberto Arroyo, puso el foco en la frontera ética y legal de la iniciativa, confirmando que ya se evalúan acciones legales. «Resulta políticamente cuestionable que, estando aún en ejercicio, el gobierno destine esfuerzos institucionales y económicos a ‘defender un legado’, ya que ello desdibuja la frontera entre rendición de cuentas y propaganda política», sostuvo.
En la misma línea, Arroyo añadió que «la evaluación del legado corresponde a la ciudadanía y a la historia, no a una estrategia comunicacional financiada por el propio Ejecutivo. Efectivamente estamos evaluando acciones fiscalizadoras, particularmente ante la Contraloría General de la República, para revisar la legalidad del gasto y su finalidad».
Ofensiva en Contraloría por probidad y eficiencia
En tanto, el diputado de Renovación Nacional, Mauro González, manifestó su preocupación por la prioridad del gasto en un contexto de crisis económica. «Esta situación abre una legítima preocupación respecto del uso de recursos públicos con fines esencialmente políticos. Resulta difícil de justificar que, en un contexto de estrechez fiscal reconocida por el propio Ejecutivo, se destinen recursos a campañas de autopromoción gubernamental, en desmedro de prioridades sociales urgentes», denunció.
González enfatizó que la plataforma podría vulnerar principios básicos del Estado: «Puede constituir una vulneración a los principios de probidad, eficiencia en el gasto y prescindencia política. Por ello, estimamos indispensable solicitar a la Contraloría que investigue el origen de los recursos, los procedimientos de contratación y la concordancia de su objetivo con la normativa vigente. Chile necesita responsabilidad fiscal y un uso austero de los recursos públicos».
La polémica escala mientras el Gobierno defiende el sitio como un ejercicio de transparencia, mientras que en la Cámara de Diputadas y Diputados se espera que la Comisión de Seguridad y la de Hacienda citen a las autoridades correspondientes para aclarar los costos de producción y mantenimiento de la plataforma.
