El inicio del desalojo de cerca de dos mil familias de la megatoma de San Antonio no puede leerse únicamente como un hecho jurídico o un operativo de recuperación de un predio privado. Es un momento en el que la sociedad chilena debe mirar de frente la crisis estructural de derechos humanos que atraviesa nuestro país, en particular el derecho a una vivienda digna y adecuada.
La vivienda no es, ni debe ser una mercancía más del mercado, sino que debemos reconocerla como un derecho humano consagrado en instrumentos internacionales adoptados por Chile, como la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que incluyen explícitamente la vivienda en un nivel de vida adecuado.
Cuando el Estado procede al desalojo forzoso de miles de personas sin garantías sólidas de real acceso a una alternativa habitacional que preserve su dignidad, su seguridad, su estabilidad social y su integridad familiar, no estamos frente a un simple problema de orden público. Estamos ante una violación potencial del derecho a la vivienda, que el derecho internacional entiende como la protección efectiva frente a desalojos arbitrarios o desproporcionados, y la obligación de asegurar alternativas que respeten el bienestar de las familias afectadas.
La megatoma de San Antonio no es un fenómeno aislado. En diversas zonas del país los desalojos de campamentos y tomas han aumentado en los últimos años, y organizaciones de derechos humanos han documentado que tales desalojos suelen ocurrir sin las debidas medidas de protección, participación comunitaria o respaldo institucional, lo que agrava la situación de vulnerabilidad de las familias afectadas.
Se argumenta, legítimamente, que el derecho de propiedad debe ser respetado. Y es cierto: el Estado chileno tiene una obligación constitucional de garantizarlo. Pero esa protección no puede ser mutuamente excluyente del deber de proteger derechos humanos básicos. El desafío judicial y ético reside en armonizar esas obligaciones, priorizando la dignidad y la vida de las personas por sobre meros intereses patrimoniales cuando los primeros están en juego.
El derecho a la vivienda incluye elementos que van más allá del techo físico: seguridad de tenencia, acceso no discriminatorio, participación en las decisiones que afectan a las comunidades y protección contra desalojos arbitrarios. Si estas dimensiones no se respetan, el Estado no solo reproduce desigualdades sociales, sino que también incumple estándares internacionales que Chile ha comprometido respetar.
Por ello, la discusión que hoy debemos sostener como sociedad no es solo sobre cómo ejecutar un desalojo. Debe ser sobre cómo garantizamos a todas las familias, sin excepción, el acceso a una vida digna, segura y estable en sus hogares. Hasta que no transformemos este imperativo en política pública y compromiso institucional, seguiremos viendo episodios como el de San Antonio que bajo la apariencia de legalidad profundizan la precariedad y vulneran la esencia misma de los derechos humanos.
