Un análisis realizado por la consultora Colliers da cuenta del enorme daño inmobiliario que provocan las tomas de terreno ilegales en el país. «Una toma de terreno afecta de manera significativa el valor del suelo inmobiliario, tanto en el área ocupada como en los predios aledaños. El impacto se explica por la percepción de inseguridad, la conflictividad social y las restricciones para el desarrollo inmobiliario, ya que se dificulta la obtención de permisos y disminuye el interés de inversionistas. Además, se genera deterioro urbano por acumulación de basura, falta de servicios y consolidación de la informalidad», explica Sergio Correa, Gerente Inmobiliario de Colliers.
El experto explica que «en zonas céntricas, donde la demanda y la conectividad son altas, la caída en el valor suele ser moderada porque la ubicación sigue siendo atractiva, aunque el riesgo jurídico y social reduce la plusvalía. En cambio, en zonas periféricas, donde la consolidación urbana es baja, el impacto es mucho mayor porque la toma refuerza la percepción de precariedad y baja seguridad. Las estimaciones indican que la reducción puede variar entre un 20% y un 40% en zonas periféricas, mientras que en zonas céntricas se ubica entre un 10% y un 25%, dependiendo de la extensión y permanencia de la toma».
Entre las tomas que más han afectado el valor del suelo de uso inmobiliario Colliers destaca la megatoma de San Antonio, en la Región de Valparaíso, que involucra a más de 3.900 familias y ha tenido alta visibilidad mediática, afectando terrenos con potencial habitacional y logístico.
«También destacan las tomas en Cerrillos y Maipú, en la Región Metropolitana, que se han producido en antiguos paños industriales y áreas de expansión urbana, frenando proyectos inmobiliarios. En el norte, la toma prolongada en Calama ha impactado terrenos urbanos de alto interés comercial, con litigios que se han extendido por más de ocho años. En la Araucanía, las tomas en Padre Las Casas y Ercilla han afectado tanto suelos agrícolas como urbanos en un contexto de conflicto territorial. Finalmente, las tomas costeras en Constitución y Caldera han generado un impacto relevante en terrenos turísticos y residenciales».
Respecto a cómo se podría enfrentar el efecto de las tomas en terrenos aledaños, Correa señala que «la autoridad puede implementar políticas claras de restitución y prevención, agilizando desalojos en casos de usurpación conforme a la Ley y sus reformas recientes. También es clave fortalecer programas habitacionales focalizados para reducir la presión social que origina las tomas. Desde el punto de vista de los privados, se recomienda proteger los terrenos mediante cercado, señalización de propiedad privada, vigilancia y sistemas de seguridad, así como mantener la documentación actualizada y realizar denuncias oportunas. Otra estrategia es la gestión proactiva, que incluye acuerdos con municipalidades para fiscalización y el uso temporal del terreno en actividades productivas o recreativas para evitar el abandono. Finalmente, se pueden aplicar medidas de mitigación ambiental y urbana, como limpieza, control de residuos y obras menores que eviten el deterioro del entorno».
