El diputado Hotuiti Teao informó que presentará ante Contraloría General de la República antecedentes oficiales de la Dirección de Presupuestos (DIPRES) que evidencian la mínima ejecución del Fondo de Emergencia Transitorio para la Reconstrucción, de solo un 3,7%. La baja cifra, reactivó en el parlamentario la idea de levantar una Acusación Constitucional contra el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, por el incumplimiento grave de sus funciones en el proceso de reconstrucción tras el megaincendio que afectó a Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana.
“Ad portas de un nuevo aniversario de esta injusta tragedia, lo mínimo que podemos hacer por las víctimas es alzar la voz para que este gobierno no se vaya libre de responsabilidades ante una mala gestión que todavía tiene sin techo a cientos de familias. Remitir estos antecedentes a Contraloría General de la República y levantar nuevamente una Acusación Constitucional es cumplirle a los damnificados la promesa de fiscalizar el incumplimiento de la labor de las autoridades de gobierno en esta emergencia. Cuando el Estado no responde, nuestra obligación es fiscalizar, denunciar y usar todas las herramientas institucionales disponibles”, señaló el legislador.
Además, detalló que “los antecedentes de ejecución presupuestaria serán ingresados formalmente a la CGR, solicitando que se investigue el uso de los recursos del fondo, se determinen eventuales responsabilidades administrativas y se evalúe el cumplimiento de los deberes legales por parte de las autoridades a cargo de la reconstrucción”.
“Los datos de DIPRES evidencian que esto no es un tema político. Una eventual Acusación Constitucional contra el ministro Carlos Montes se sustenta en hechos objetivos, cifras oficiales y datos verificables a dos años de lo ocurrido. Cifras que dan cuenta de una inacción prolongada y de la incapacidad del ministerio para traducir recursos disponibles en soluciones habitacionales concretas”, sentenció.
Finalmente, Teao concluyó que “el Gobierno está a semanas de dejar La Moneda sin haber cumplido con una de sus obligaciones más básicas: reparar y reconstruir. Y se va sin rendir cuentas por haber abandonado a tantas víctimas de este siniestro. La fiscalización no es una voluntad personal ni un juego político, es una obligación constitucional del Parlamento, precisamente para evitar que las autoridades se retiren sin responder por sus actos u omisiones. Aquí hubo recursos aprobados, hubo tiempo suficiente y hubo un mandato claro. Lo único que faltó fue voluntad y gestión y ante eso, deben asumirse responsabilidades”.
