Con el objetivo de asegurar la correcta aplicación de la Ley N° 21.575 (Ley Antinarco) y poner fin a la persecución penal contra pacientes y usuarios de cannabis, 50 diputados del oficialismo, liderados por los diputados Ana María Gazmuri y Jorge Brito, enviaron una carta al presidente Gabriel Boric solicitando su “intervenciòn directa” en la correcta implementación de la ley y en la reclasificación del cannabis en el Reglamento de la Ley 20.000.
La diputada Gazmuri (AH) sostuvo que “a un mes de que termine el mandato del presidente Boric, los pacientes y usuarios de cannabis medicinal siguen siendo criminalizados, perseguidos, encarcelados y procesados. Una ley de la república, la 21.575, aprobada por el Congreso, promulgada por el presidente Boric, sigue sin aplicación por la falta de protocolos a las policías y a la Fiscalía. Por otro lado, desde principios de este período hemos estado solicitando al gobierno que armonice la clasificación del cannabis.”
“¿Cuál es el efecto de esto? Que la Fiscalía, a pesar de la nueva normativa, sigue actuando de la misma manera persecutoria a raíz de la clasificación actual del cannabis.”, concluyó
En esa línea, el diputado Jorge Brito (FA) declaró que “la ley es clara, todos la debemos respetar, 50 diputados y diputadas hemos enviado esta carta al presidente de la república para que la ley se respete y exista el cambio de lista con el cannabis. Y así el presidente Boric de cumplimiento a su compromiso de terminar con la criminalización de los usuarios de cannabis en Chile.”
En la misiva, los parlamentarios advierten que la situación actual “está generando incerteza jurídica, aplicación desigual de la ley y un uso ineficiente de los recursos del Estado en materia de drogas y seguridad pública.” En primer lugar, solicitan asegurar la correcta aplicación de la ley respecto del autocultivo medicinal, señalando que “resulta indispensable establecer protocolos claros, obligatorios y coordinados entre las policías y el Ministerio Público”, ya que “en la práctica persisten allanamientos, detenciones y procesos penales improcedentes contra personas usuarias y pacientes.”
En segundo lugar, la carta plantea como condición necesaria para la implementación efectiva de la ley la reclasificación del cannabis en el reglamento de la Ley 20.000, solicitando “la armonización urgente de la clasificación del cannabis (…) mediante su traslado desde la lista del artículo 1° a la lista del artículo 2° del Decreto Supremo N° 867.” Al respecto, advierten que “la mantención del cannabis en la lista del artículo 1° constituye una incoherencia normativa que facilita interpretaciones penales que son corregidas por la Corte Suprema y ha vuelto inaplicable la ley en numerosos procedimientos.”
