La economía chilena enfrenta un problema menos visible que el desempleo, pero igual de persistente, ya que después de la pandemia la inactividad laboral se ha convertido en un rasgo estructural. Pese algunas mejoras en indicadores laborales, un porcentaje relevante de la población en edad laboral continúa fuera del mercado de trabajo sin participar en la búsqueda de empleo, condición que define la inactividad y no el desempleo. Actualmente, más de un 30% de las mujeres adultas está inactiva, frente a cerca del 15% de los hombres, una brecha que no logra cerrarse y que revela rigideces del sistema laboral chileno. Esta persistencia ha sido documentada por el Barómetro Laboral que elaboran el CIES-UDD y la Asociación de AFP.
No se pueden clasificar las causas de esta inactividad como homogéneas. En las mujeres, los motivos familiares son los que predominan; en cambio, en los hombres la inactividad se debe principalmente por estudios. Estas diferencias muestran una organización social del cuidado que continúa recayendo, en su mayoría, sobre las mujeres y que limita su inserción laboral, incluso cuando están dispuestas a trabajar. Además, se agrega un grupo relevante de personas que declara tener problemas de salud permanente o una salida temprana del mercado laboral, especialmente en edades próximas a la jubilación.
En cuanto a la inactividad juvenil, presenta una señal ambivalente. Mientras entre los más jóvenes se observa cierta estabilización de quienes no estudian ni trabajan, el grupo con edades entre 25 y 34 años mantiene altas tasas de desvinculación laboral, justo en la etapa donde se define la trayectoria productiva a largo plazo. Esto no solo impacta ingresos futuros individuales, sino que también debilita la acumulación de experiencia y productividad a nivel agregado.
Las consecuencias macroeconómicas son claras. Una economía que presenta altos niveles de inactividad desaprovecha capital humano, disminuye su potencial de crecimiento y tensiona la sostenibilidad fiscal en un escenario de envejecimiento acelerado. Menos trabajadores significa menos cotizaciones, menor base tributaria y mayor presión futura sobre el gasto social.
Si la inactividad es estructural, la respuesta debe ser concreta y focalizada. Primero, ampliar con rapidez la oferta de cuidados formales, como salas cuna y atención a personas mayores y dependientes, en territorios con baja participación femenina, de modo que las responsabilidades de cuidado dejen de ser una barrera para el trabajo remunerado. Segundo, es importante reforzar la transición entre el estudio y el trabajo mediante subsidios a la contratación juvenil y capacitación técnica alineada con la demanda local, especialmente para el rango de 25 a 34 años. Tercero, para los adultos mayores se necesita hacer más flexibles y prolongadas las permanencias laborales, ajustando jornadas, tareas y tipos de contratos, en un contexto de envejecimiento acelerado de la población.
En el fondo, el debate sobre la inactividad va más allá del empleo y se proyecta sobre la capacidad productiva del país. El problema que enfrenta Chile no es que haya una escasez de personas, sino más bien un sistema que no logra transformar disposición, capacidades y tiempo disponible en trabajo efectivo. Mientras esa brecha persista, cualquier discusión sobre crecimiento, pensiones o finanzas públicas seguirá edificándose sobre una base frágil.
