La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, defendió su decisión de solicitar información sobre la jefatura de la Policía de Investigaciones de Chile, en medio de la controversia tras pedir la salida de la exsubdirectora de Inteligencia, Consuelo Peña.
Durante su participación en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados, la secretaria de Estado aseguró que actuó dentro de sus atribuciones, afirmando que “estoy ejerciendo mis funciones” y que “no tengo rencillas con nadie”.
La polémica se origina a partir del mencionado oficio reservado enviado por Steinert, mediante el cual solicitó antecedentes sobre funcionarios vinculados a la investigación del denominado “Clan Chen” en Tarapacá, causa que ella conoció previamente en su rol como fiscal.
Tras esta solicitud, se produjo la salida de la entonces subdirectora de Inteligencia de la PDI, lo que generó cuestionamientos políticos y abrió dudas sobre una eventual motivación detrás de la medida.
Consultada por las razones de la salida, Steinert señaló que “entiendo que actué dentro de mis competencias, sin vulnerar la Constitución.
“Jamás pedí antecedentes propios de la investigación, solamente los fundamentos del cambio de todo un equipo investigativo y esas posibilidades me las da el artículo tercero de la ley que crea el Ministerio de Seguridad, no solamente el artículo tercero, sino el artículo cuarto letra D y además el artículo quinto letra P”, agregó.
Además, no descartó la presentación de acciones legales, tanto administrativas como penales, ante la filtración de antecedentes del caso.
SESIÓN EN LA CÁMARA
Con preocupación recibieron las y los diputados de la Comisión de Seguridad Ciudadana los posibles recortes presupuestarios en esta área. En su primera cita ante el grupo parlamentario, las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública confirmaron que la rebaja del 3% solicitada por el Presidente afectará el gasto en personal y en bienes de consumo de las policías.
Si bien la ministra y el subsecretario de Seguridad Pública, María Trinidad Steinert y Andrés Jouannet, respectivamente, sostuvieron que no se afectarán “temas sensibles” de la cartera, reconocieron que la propuesta que harán a la Dirección de Presupuestos (Dipres) pasa por un recorte del orden de los $72 mil 669 millones.
Como desglose, Jouannet informó que más de $25 mil 780 millones corresponden a gasto en personal, por renuncia de honorarios que no serán reemplazados. Otros montos se relacionan con el seguimiento de causas judiciales, con programas relativos al crimen organizado, a un convenio con la DGAC y con los Programas Calle Sin Violencia y Barrios Prioritarios.
En Carabineros, afectará en unos $11 mil millones el gasto en personal y en otros $4.700 millones, el gasto de bienes de consumo. Según sostuvo el subsecretario, las rebajas corresponden a ítems subejecutados durante 2025, por lo que se espera que no haya una real afectación. Un caso similar sucedería en la PDI y con la nueva Agencia de Ciberseguridad. Esto impactaría en proyectos que se postergarían para el próximo año.
Frente a dicho cuadro, varios de los legisladores presentes expresaron su preocupación. Así, por ejemplo, Gloria Naveillan alertó sobre la necesidad de no afectar la reposición y adecuada mantención del parque vehicular de las policías. Tampoco, que se impacte en el aumento de la contratación de efectivos.
Bernardo Salinas y Enrique Bassaletti se expresaron en una línea similar, alentando a que no se afecte la persecución criminal. De ahí que llamaron al Gobierno a reorientar la rebaja hacia otras carteras. Asimismo, Mauro González pidió precisar qué se entiende por “temas sensibles”, de modo de despejar que no se afectará el actuar de las policías.
Juan Valenzuela adhirió a la preocupación y cuestionó que se diga que se dará prioridad a la seguridad pública, cuando se parte haciendo recortes. Tatiana Urrutia puso en alerta la rebaja presupuestaria en la Agencia de Ciberseguridad y los programas de Calle Sin Violencia y de Barrios Prioritarios.
Omar Sabat también criticó la disminución de recursos ante la dimensión de las necesidades del país, mientras que Patricio Pinilla fue enfático en calificar el tema como “una mala señal”.
En su presentación, Andrés Jouannet sostuvo que la situación de la macrozona sur es un tema prioritario para el Gobierno. Comunicó que los hechos de violencia bajaron en Los Ríos, Los Lagos y en el Biobío, pero reconoció que La Araucanía experimentó un aumento del orden del 33%. Adelantó que se espera mantener el estado de excepción, pero con aumento de la coordinación entre los distintos actores. También se avanzará en mejorar las condiciones de la región.
Respecto de la macrozona norte, la ministra relató algunos lineamientos del denominado “escudo fronterizo”, donde a las zanjas se sumarán controles con drones y más presencia de personal. Asimismo, afirmó que la figura del comisionado no se topa con los jefes de área de frontera ni con otras autoridades, ya que tendría una labor específica de coordinación.
Otro tema mencionado fue la operación de captura de 2.905 personas con orden de detención pendiente, tarea a la que la ministra indicó se sumarán en el futuro la policía marítima y Gendarmería.
Las y los diputados también consultaron sobre las urgencias legislativas. Los personeros indicaron que, en materia de seguridad pública, se definieron trece proyectos con urgencia. Entre ellos están los que definen un procedimiento de juicio oral en ausencia; el relativo a la inversión de carga de la prueba en lavado de activos; y el que protege la identidad de Gendarmería.
En cuanto a la iniciativa que define las reglas del uso de la fuerza (RUF), se recordó que está en comisión mixta, donde se debe definir una nueva conformación de sus integrantes. “Hay once puntos en cuestión. Lo vamos a enfrentar”, aseguró Jouannet.
También se le consultó a la ministra sobre la destitución de una alta funcionaria de la PDI y respecto de la publicación de un oficio reservado. Sobre el punto, el diputado Raúl Leiva planteó que Steinert habría superado sus atribuciones, requiriendo información sobre un proceso investigativo en curso. Respecto del tema, la ministra aclaró que no solicitó datos sobre la investigación como tal y afirmó que tiene las facultades para realizar los requerimientos realizados.
