El ministro Claudio Alvarado detalló que la agenda legislativa contendrá proyectos en tramitación, entre otros, descentralización financiera de los gobiernos regionales; integridad municipal; permiso de circulación estandarizado; ingreso clandestino al país; contratación de extranjeros irregulares; y restricción de beneficios fiscales a migrantes irregulares.
La Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, presidida por la senadora Danisa Astudillo, conoció detalles de las líneas programáticas y la priorización legislativa del Ministerio del Interior.
En la oportunidad, la legisladora instó a “trabajar en conjunto las prioridades legislativas” y la Comisión acordó enviar oficio para conocer detalles sobre el Plan de Escudo Fronterizo, entre otros, extensión de la zanja, tiempo de trabajos y costos.
MIGRACIÓN
El ministro del Interior, Claudio Alvarado, detalló las líneas programáticas de su cartera basadas en cinco pilares fundamentales: proceso de descentralización, gestión migratoria, respuesta ante riesgos y emergencias, prevención y rehabilitación del consumo de drogas, y fortalecimiento de la seguridad del sistema de inteligencia y control fronterizo.
En materia migratoria, hizo notar que existen 337 mil personas en condición irregular, lo que representa el 17.6% de la población migrante en el país.
Agregó que, a marzo de 2026, existen más de 44 mil expulsiones pendientes y esperan comenzar con los primeros traslados durante este mes de abril.
En otro orden, reportó un rezago de 22.896 casos de nacionalización decretados que no fueron firmados por la autoridad anterior, lo que debe ser estudiado.
La y los senadores dejaron constancia de la necesidad de abrir diálogos con países vecinos para facilitar los procesos de salida y traslado.
DESCENTRALIZACIÓN Y PROBIDAD
Respecto a la descentralización, entregó datos de la política nacional de zonas extremas y las acciones “para que las brechas en materia de desarrollo sean menores”.
En tanto, sobre descentralización financiera de los gobiernos regionales reconoció que el balance mostró dificultades operativas. Manifestó que, para el traspasado de competencias a los gobiernos regionales, de las 35 proyectadas, solo hay 4 traspasadas y 11 solicitudes han sido rechazadas por la Contraloría.
Advirtió que “ningún gobierno regional ha solicitado nuevos traspasos desde 2022”, por lo que adelantó que se debe estudiar..
La probidad municipal fue otro eje central del debate, con el objetivo de fortalecer la fiscalización de los recursos públicos y prevenir la corrupción.
Al respecto, integrantes de la Comisión alertaron sobre los índices de mal uso de recursos asociados a municipios y “el uso de dineros para celebraciones en lugar de ayuda regional”.
