Un IPC de 1% en marzo 2026 puede parecer un dato más, pero en Chile su efecto es multiplicativo por medio de la Unidad de Fomento (UF), tensiones salariales y termina condicionando la política monetaria.
Primero, la UF se reajusta diariamente según el IPC anterior, por lo que un incremento de precios se convierte en mayores cuotas, alquileres y primas pactadas en UF. Esto extiende el impacto y castiga a hogares endeudados o con gastos indexados, incluso si sus ingresos no se ajusten al mismo ritmo.
Segundo, cuando la inflación se vuelve persistente, las negociaciones salariales empiezan a considerar como referencia la inflación anterior. Esto busca recuperar poder de compra, pero también puede dar a lugar un ciclo en el que los aumentos salariales, suben costos y luego vuelven a subir los precios.
Tercero, si la inflación se torna persistente, obliga al Banco Central a mantener tasas altas por más tiempo. Esto encarece el crédito, desacelera la inversión y reduce la actividad económica, afectando con mayor fuerza a las familias más vulnerables y aumentando las presiones fiscales debido a compromisos indexados.
Existen medidas paliativas que pueden aplicarse. Revisar la indexación en contratos sensibles y fomentar alternativas en pesos, junto con apoyos focalizados en bienes esenciales y energía, son pasos razonables. Asimismo, los ajustes salariales deberían equilibrar la protección del ingreso con la necesidad de prevenir presiones inflacionarias adicionales.
El problema no es el 1%, sino su capacidad de expandirse en el tiempo y afectar de manera persistente el bienestar de los hogares.
