El diputado de Renovación Nacional por la Región de Los Ríos, Daniel Valenzuela, envió un oficio a las autoridades regionales de Educación y Seguridad Pública, solicitando la evaluación e implementación de medidas urgentes de intervención, prevención y reacción frente a hechos de violencia y amenazas en establecimientos educacionales, tras el reciente caso ocurrido en Valdivia que involucró a un estudiante de 16 años por una amenaza de tiroteo.
En el documento, el parlamentario manifiesta su “profunda preocupación por los recientes y graves hechos de violencia y amenaza que han afectado a comunidades educativas de la región, generando alarma pública”, advirtiendo además el impacto que estas situaciones provocan en estudiantes, docentes y familias.
El oficio destaca especialmente que “este tipo de conductas, aun cuando no lleguen a materializarse en acciones mayores, provocan un severo impacto psicológico y emocional en las comunidades escolares, deterioran la convivencia educativa”, subrayando la urgencia de abordar estos hechos con una mirada integral.
Asimismo, el diputado recalca que “la gravedad de los hechos conocidos y el clima de inseguridad que éstos generan exigen una respuesta decidida del Estado, no solo desde una lógica reactiva, sino también preventiva”, poniendo el foco en la necesidad de anticiparse a situaciones de riesgo.
Llamado a reforzar la prevención
El diputado Valenzuela enfatizó la necesidad de actuar antes de que estos hechos escalen:“No podemos esperar a que una amenaza se transforme en tragedia para recién actuar. Hoy estamos viendo señales claras de alerta en nuestras comunidades educativas, y el Estado tiene la responsabilidad de anticiparse con herramientas concretas de prevención”.
Asimismo, advirtió sobre el riesgo de normalizar este tipo de घटनos:“Cuando un estudiante es capaz de emitir una amenaza de esta gravedad, estamos frente a un problema que va mucho más allá de un hecho aislado. Aquí hay factores de convivencia, salud mental y seguridad que deben abordarse de manera urgente y coordinada”.
Finalmente, el parlamentario recalcó: “Nuestro deber como autoridades es resguardar a las familias y garantizar que los establecimientos educacionales sean espacios seguros. Este oficio es parte de nuestra labor fiscalizadora para exigir acciones concretas y oportunas antes de que tengamos que lamentar consecuencias irreparables”.
