La Contraloría General de la República (CGR) dio a conocer los resultados de fiscalizaciones realizadas a los municipios de Estación Central y Padre Hurtado, ambos pertenecientes a la Región Metropolitana, donde se constataron diversas irregularidades y debilidades en la gestión y ejecución de recursos públicos destinados a seguridad ciudadana.
A raíz de estos antecedentes, el organismo contralor ordenó el inicio de sumarios administrativos en ambas entidades edilicias, con el fin de determinar eventuales responsabilidades funcionarias.
Municipalidad de Estación Central
Según lo señalado en el Informe N°521, la CGR verificó deficiencias relevantes en la implementación y operatividad de los sistemas de prevención del delito. En particular, se constató que en las unidades vecinales donde se concentró la mayor cantidad de delitos durante 2024 también se encuentra el mayor número de cámaras de televigilancia instaladas (40); sin embargo, 19 de ellas no se estaban operativas a junio de ese año. En otros sectores con alta incidencia delictual, de las 17 cámaras instaladas, 9 estaban fuera de servicio.
Adicionalmente, la Contraloría advirtió que un 58% de las cámaras instaladas desde mayo de 2024 —y de aquellas puestas en marcha hasta junio de 2025— no se mantenían operativas, detectándose en algunos casos fallas prolongadas por más de un año, lo que afecta directamente la eficacia del sistema de vigilancia comunal.
El informe, realizado por la División de Gobiernos Regionales y Municipalidades de la Contraloría, también evidenció debilidades en la gestión de intervenciones municipales. Si bien el municipio ejecutó acciones de despeje de comercio ambulante y retiro de rucos, sustentadas en la plataforma KOBO, no se acreditaron intervenciones en otros sectores pese a denuncias de la comunidad, ni se aportaron antecedentes sobre el destino final ni la eliminación de los productos decomisados.
En materia financiera, la CGR señaló que el municipio suscribió con el Gobierno Regional Metropolitano el convenio “Vigilancia Eje Alameda”, por un monto total de $4.504 millones, de los cuales se transfirieron $2.250 millones. Al 31 de diciembre de 2024, la ejecución alcanzaba $415 millones, equivalente a un 18,4% de los recursos transferidos, constatándose además retrasos en la contratación de personal y en el arriendo de bienes y servicios.
Asimismo, se detectaron retrasos significativos en el traspaso de recursos desde la cuenta de fondos propios del municipio a la cuenta del programa específico, con demoras de hasta 402 días.
Municipalidad de Padre Hurtado
En tanto, el Informe N°566 reveló deficiencias en la gestión de los equipamientos adquiridos para seguridad pública. La Contraloría constató que los botones de pánico se encontraban almacenados en cajas, sin identificación de inventario ni funcionario responsable de su custodia, y que, pese a haber sido recepcionados entre diciembre de 2024 y enero de 2025, se encontraban inactivos al momento de la fiscalización.
Durante una visita a la central de monitoreo comunal, se verificó que los postes inteligentes no transmitían imágenes en tiempo real, lo que incrementa el riesgo de no detección de hechos delictuales y genera retrasos en la respuesta operativa de los equipos municipales.
El organismo contralor también observó que la Inspección Técnica del proyecto de televigilancia integral no certificó la calidad de las obras ni de los equipos instalados. A ello se suma la ausencia de certificados eléctricos y de autorizaciones de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, pese a que los sistemas estaban en funcionamiento y el contrato fue recepcionado provisoriamente sin observaciones. Además, se realizaron modificaciones contractuales sin respaldo en las bases administrativas.
En términos financieros, se evidenció una deficiente gestión del contrato a suma alzada (donde el contratista se compromete a entregar una obra por un precio fijo pactado previamente), cuyo valor asciende a $3.088 millones, que registraba solo un 25% de avance financiero, a pesar de haber transcurrido 250 días desde el inicio en terreno y 130 días desde el vencimiento del plazo contractual, reflejando una falta de acción por parte de la Dirección de Obras Municipales.
Finalmente, la CGR constató que el municipio no acreditó la integración del sistema lector de patentes (LPR) con la API de Carabineros -sistema que permite consultar en línea y en tiempo real si un vehículo tiene encargo vigente por robo o hurto-. Esto obligó a los operadores a realizar procesos manuales, lo que incrementa el riesgo de errores y limita la capacidad de respuesta ante eventos simultáneos.
