Gremio afirma que los pronunciamientos refuerzan la certeza jurídica y delimitan el alcance de la interpretación administrativa en la implementación de la Ley de 40 Horas
En la antesala del segundo hito de la Ley de 40 Horas —que reducirá la jornada laboral a 42 horas semanales a partir del 26 de abril— la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) valoró los recientes dictámenes de la Dirección del Trabajo (DT), señalando que «clarifican criterios y se alinean con lo que ya venían estableciendo los tribunales de justicia».
Desde el gremio destacaron que estos pronunciamientos representan «un avance relevante en materia de certeza jurídica», en un contexto en que la implementación de la normativa había generado dudas operativas en las empresas.
Uno de los puntos más sensibles —la forma de aplicar la reducción de jornada— había sido objeto de controversia, particularmente respecto de si esta podía realizarse mediante ajustes en minutos o debía concentrarse en bloques horarios.
La CCS subrayó que la discusión trasciende lo técnico y tiene un carácter institucional: «Se reafirma un criterio fundamental: el marco de obligaciones lo define la ley, y la interpretación administrativa debe mantenerse dentro de ese límite».
El gremio recordó que esta materia ya había sido abordada por los tribunales, citando el fallo de la Corte de Apelaciones de La Serena, que validó la aplicación de la rebaja mediante minutos diarios en un escenario donde no existía una interpretación normativa clara, rechazando la sanción aplicada por la autoridad.
«Ese fallo fue claro en un aspecto central: no corresponde sancionar a una empresa por aplicar la ley de manera razonable cuando la propia normativa no era precisa. Los dictámenes no pueden sustituir a la ley», comentó el gremio.
En esa línea, la entidad gremial valoró que la Dirección del Trabajo haya precisado los límites de su rol, evitando imponer exigencias no contempladas por el legislador.
Asimismo, destacó que los nuevos dictámenes permiten cerrar una etapa de incertidumbre, al establecer criterios uniformes hacia adelante, lo que resulta clave para la planificación de turnos, contratos y la operación diaria de las empresas.
En concreto, los nuevos dictámenes introducen definiciones operativas relevantes para la implementación de la normativa. Por una parte, precisan que, en ausencia de acuerdo, la reducción de jornada debe aplicarse en unidades completas de tiempo descartando su distribución en fracciones menores. Por otra, establecen criterios claros para casos específicos, como trabajadores con jornadas inferiores a 44 horas, fijando límites diarios de rebaja y reglas de distribución del remanente.
Adicionalmente, en materia de exclusión de jornada, se refuerza que la calificación debe basarse en el control efectivo sobre la ejecución del trabajo y no en la mera existencia de herramientas tecnológicas o mecanismos de reporte. «Las empresas requieren reglas claras, estables y previsibles. Cuando la interpretación se amplía más allá de la ley, se afecta la confianza y la correcta implementación de la normativa», indicó la CCS.
Finalmente, el gremio sostuvo que estos pronunciamientos «van en la dirección correcta», al alinear la actuación de la autoridad administrativa con el marco legal vigente y con los estándares que han ido consolidando los tribunales laborales.
