Con la aprobación por mayoría de votos, la Sala de la Cámara despachó a segundo trámite el proyecto que “establece medidas de seguridad, orden y respeto para la comunidad educativa”.
La iniciativa impulsada por el actual gobierno como plan Escuelas Protegidas, está estructurado sobre la base de distintas medidas que apuntarían a enfrentar hechos de violencia cometidos al interior de establecimientos educacionales. Estas incluyen la revisión de mochilas, sanciones por la interrupción de clases y un nuevo requisito para acceder a la gratuidad, entre otras.
El texto se respaldó en general por 103 votos a favor, 43 en contra y 3 abstenciones y luego se llevaron a cabo 27 votaciones referidas al articulado e indicaciones (Revisar detalle de votaciones).
En el debate realizado en dos sesiones de Sala, se manifestaron diversas opiniones tanto a favor como en contra de las medidas propuestas.
A favor, se aseguró que el proyecto responde a un sentido de urgencia que no surge de la teoría, sino de las condiciones de inseguridad que enfrentan tantos los docentes como los estudiantes que son víctimas de la violencia. Se añadió que con este proyecto se busca garantizar el derecho de las familias de enviar con confianza a sus hijos al colegio. Además, se recalcó que el texto reestablece la autoridad de los docentes en el aula.
También se postuló que su aprobación es una señal de tolerancia cero y que no es autoritarismo, sino proteger a la mayoría silenciosa que sí ve la educación como una herramienta de futuro y movilidad social.
En materia de gratuidad, se defendió que la propuesta es una medida de justicia porque no se puede seguir normalizando la violencia.
Por el contrario, las y los diputados que rechazaron esta propuesta legal remarcaron que no incluye financiamiento y hace recaer en los profesionales de la educación responsabilidades para las cuales no están capacitados, sin promover mejoras en los métodos de enseñanza.
Se criticó que aborda un problema complejo de la sociedad desde una lógica policial, sin ir a las causas de la violencia sino solo a sus manifestaciones.
Durante el debate, además, presentaron diversas reservas de constitucionalidad por considerar que las normas aprobadas vulneran los derechos de NNA y principios como la igualdad ante la ley. En este caso, al aplicar una pena accesoria -no acceso a gratuidad- que sólo afectará a los estudiantes pobres. Al respecto, se planteó que esta medida no es una solución sino que extiende el castigo al cerrar la puerta del principal camino de reinserción social como es la educación.
Contenido del proyecto
El texto permite a los sostenedores incorporar en sus reglamentos internos la medida de revisar mochilas, bolsos u otros efectos personales de los estudiantes, excluidas sus vestimentas. Esto con el fin de evitar el ingreso, uso, porte y posesión de elementos que puedan utilizarse para agredir a otros o atentar contra la infraestructura del establecimiento educacional. Pero, estará estrictamente prohibido requerir al estudiante que se desnude, así como su revisión corporal.
Si tras esta revisión “se hallaren elementos” como los descritos en la norma, los establecimientos comunicarán el hecho de inmediato a los padres y apoderados del estudiante, así como a Carabineros de Chile o a la Policía de Investigaciones de Chile.
El proyecto añade que el reglamento interno de cada establecimiento deberá establecer cuál es el personal expresamente autorizado para esta revisión. Asimismo, en Sala se aprobó una indicación renovada (75 a favor, 67 en contra y 7 abstenciones) que establece que en los casos de Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales la revisión debe contar con el asesoramiento de un profesional del equipo PIE o de convivencia escolar.
Interrupción de clases
El proyecto también aborda los actos que tengan como consecuencia la interrupción de clases. En esa línea, se entenderá que afectan gravemente la convivencia escolar los actos cometidos por estudiantes para impedir la realización de clases o que tengan como consecuencia directa la interrupción total o parcial de estas, o la suspensión de actividades académicas. Pero, se excluye aquellos cometidos involuntariamente.
Adicionalmente, se suman las amenazas realizadas por algún miembro de la comunidad educativa, por cualquier medio, que tengan como consecuencia la interrupción total o parcial de clases o la alteración sustancial del normal desarrollo de la jornada.
Asimismo, a fin de resguardar la seguridad al interior de los establecimientos, los reglamentos internos deberán contener prohibiciones de vestimentas o accesorios que impidan la identificación facial, así como de accesorios o vestimentas que promuevan, hagan apología o alusión a la violencia, a drogas, a conductas delictuales u otras contrarias a la ley.
Requisitos para la gratuidad
El último punto considerado en el proyecto es la norma que incorpora un nuevo requisito para obtener la gratuidad en la educación superior. El artículo, aprobado por 83 votos a favor y 65 en contra, establece que no podrán recibir este beneficio aquellos estudiantes condenados por delitos que atenten contra la vida, la integridad física de las personas o contra la propiedad, pública o privada. La citada inhabilidad tendrá una duración de cinco años.
A su vez, fija el deber de las instituciones de educación superior, que estén obligadas a otorgar estudios gratuitos, a suspender este beneficio a los estudiantes condenados por estos delitos.
