En la sesión ordinaria, se revisó además otro proyecto de acuerdo, que busca generar un sistema de protección social a los voluntarios de la Defensa Civil.
En el marco de la gestión de numerosas catástrofes que afectan a nuestro país, varios parlamentarios y parlamentarias han abogado por agilizar los trámites que se solicitan para avanzar más raídamente en la reconstrucción; y a la vez valorar la labor que desarrollan los integrantes de la Defensa Civil.
RECONSTRUCCIÓN INCENDIOS
En la Sala, las y los senadores dieron su aprobación al proyecto de acuerdo con el que se solicita al presidente de la República que, si lo tiene a bien, adopte las medidas que correspondan para agilizar la reconstrucción de la infraestructura pública afectada por los incendios forestales acaecidos en las regiones de Ñuble y del Biobío.
La propuesta fue firmada por el senador Gastón Saavedra, las senadoras Loreto Carvajal, María José Gatica, Paulina Núñez, Ximena Ordenes, Claudia Pascual, Alejandra Sepúlveda y Paulina Vodanovic, y los senadores Pedro Araya, Juan Luis Castro, Alfonso De Urresti, Rojo Edwards, Fidel Espinoza, Iván Flores, Sergio Gahona, Francisco Huenchumilla, Sebastián Keitel, Alejandro Kusanovic, Carlos Kuschel, Iván Moreira, Daniel Núñez, Enrique Van Rysselberghe, Gustavo Sanhueza, Esteban Velásquez y Matías Walker. También adhirieron los exparlamentarios Luz Ebensperger, Ximena Rincón, Tomás De Rementería, Rodrigo Galilea, José García, José Miguel Insulza, Ricardo Lagos, Juan Ignacio Latorre, Rafael Prohens, Kenneth Pugh y Jaime Quintana.
El texto comienza reconociendo la emergencia vivida en las regiones del Biobío y de Ñuble producto de incendios forestales que afectaron gravemente a comunidades, viviendas, infraestructura crítica y servicios esenciales. “La reposición o rehabilitación de escuelas, establecimientos de salud, redes de servicios básicos, caminos, obras de conectividad y equipamiento comunitario constituye un requisito esencial para asegurar el retorno a la normalidad”, indica el proyecto de acuerdo.
“Uno de los principales obstáculos para una reconstrucción oportuna es la excesiva fragmentación de los procesos administrativos asociados a la inversión pública. En particular, el procedimiento de evaluación social de proyectos – través del cual se obtiene la Recomendación Satisfactoria (RS)- suele operar de manera individualizada por cada obra. Los procedimientos diseñados para escenarios ordinarios de inversión pública pueden transformarse en cuellos de botella”, grafica.
En esa línea, las y los parlamentarios abogan por medidas urgentes para disminuir la burocracia asociada a la evaluación social de iniciativas de reconstrucción en territorios afectados por catástrofes, estableciendo un mecanismo excepcional que permita habilitar, mediante un solo pronunciamiento técnico, la ejecución de múltiples obras de reposición y rehabilitación.
DEFENSA CIVIL
La misma suerte corrió el proyecto de acuerdo, que solicita al Ejecutivo que, si lo tiene a bien, presente una iniciativa legal que modifique la ley que crea la Defensa Civil de Chile, con el objeto de reconocer expresamente la calidad de voluntario de dicha institución y establecer un sistema de protección integral en su favor.
La iniciativa de autoría de las senadoras Fabiola Campillai, María José Gatica, Ximena Ordenes, Claudia Pascual, Yasna Provoste y Paulina Vodanovic, y los senadores Alfonso De Urresti, Iván Flores, Sebastián Keitel, Alejandro Kusanovic, Carlos Kuschel, Manuel José Ossandón, Gastón Saavedra y Matías Walker, fue aprobada por unanimidad. A ella también adhirieron los exsenadores Carmen Gloria Aravena, Luz Ebensperger, Ximena Rincón, Juan Castro, Francisco Chahuán, Juan Antonio Coloma, Tomás De Rementería, José Pilo Durana, Rodrigo Galilea, José García, Rafael Prohens, Jaime Quintana y David Sandoval.
Las y los senadores hacen ver que “la Defensa Civil de Chile es una corporación de derecho público encargada de prevenir, evitar, reducir y reparar los efectos de catástrofes y calamidades públicas, sean de origen natural o humano. Su estructura y operación se sustentan en la participación voluntaria de personas bajo la dirección superior del Ministerio de Defensa Nacional”.
“Dicha corporación cuenta con más de dos mil 700 voluntarios activos, quienes cumplen labores de prevención, respuesta y rehabilitación frente a emergencias tales como incendios, inundaciones, erupciones volcánicas, deslizamientos, epidemias y otras catástrofes. Sin embargo, la legislación vigente no contempla un régimen de protección personal, médica o previsional para los voluntarios de la Defensa Civil. Esto significa que, en caso de accidente, enfermedad o fallecimiento durante el servicio, los afectados y sus familias carecen de cobertura”, complementa el proyecto.
Dado lo anterior, se aboga por reconocer expresamente la calidad de “Voluntario de la Defensa Civil de Chile”, otorgando a sus integrantes, el estatus de servidores públicos honorarios con derecho a protección frente a accidentes, enfermedades y fallecimiento ocurridos en actos de servicio, capacitaciones o traslados.
También se plantea incorporar un sistema de protección integral de los voluntarios, que establezca un sistema obligatorio de cobertura, comprendiendo el seguro de accidentes personales con cobertura por lesiones, invalidez o fallecimiento; o atención médica gratuita e inmediata en establecimientos públicos o convenidos, o subsidio por incapacidad temporal e indemnización por invalidez permanente, o gastos funerarios en caso de fallecimiento en acto de servicio.
