El diputado PPD y miembro de la Comisión de Derechos Humanos, Carlos Cuadrado Prats, ofició al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, para que junto al Subsecretario de la cartera, Pablo Mira, informen si es efectivo que se instruyó no recurrir, no apelar o no continuar la impugnación de la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de San Miguel, que ordenó el término del cumplimiento de la pena que cumplía el exagente de la DINA, César Manríquez.
Si es así, en el escrito se solicita que se indique la fecha exacta en que se adoptó dicha determinación, qué autoridad la resolvió, la forma en que fue comunicada y el acto administrativo, minuta, correo electrónico, informe en derecho, instrucción interna u otro antecedente formal en que conste.
Además, que se precise cuál fue el fundamento jurídico específico para no recurrir, individualizando las normas, criterios institucionales, precedentes jurisprudenciales, informes en derecho, minutas técnicas o consideraciones procesales concretas que se tuvieron a la vista.
Otro punto importante, que busca aclarar el diputado Cuadrado Prats es si el Ministerio o la Subsecretaría, antes de adoptar esa decisión, consultó formalmente al Programa de Derechos Humanos o a la unidad jurídica competente, y se remita copia de los informes, observaciones, recomendaciones, prevenciones o disidencias que dichas instancias hubieren formulado.
Si no se les consultó, se explique por qué se prescindió del órgano técnico llamado legalmente a prestar asistencia legal y judicial en esta clase de materias.
También se pide en el oficio enviado por el parlamentario, indicar si la Subsecretaría o su equipo de abogados tuvo a la vista el informe médico o pericial elaborado por profesionales del Hospital del Salvador, en el cual se describe la existencia de “francas confabulaciones” y de un deterioro psicoorgánico “moderado”, así como antecedentes que permitirían considerar la posibilidad de simulación de la condición mental del condenado.
Finalmente, el exalcalde de Huechuraba indicó que a la situación de Manriquez se suman los casos de Héctor Osses y Jorge Mandiola donde el gobierno también se habría inhibido de actuar.
