Las y los parlamentarios oficiaron a la Contraloría General de la República para que se pronuncie sobre la legalidad de las instrucciones impartidas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que habrían restringido la intervención en procesos judiciales vinculados al cumplimiento de condenas por delitos de lesa humanidad, para asegurar que ningún mandato interno pueda ser sinónimo de impunidad para este tipo de crímenes.
Este jueves 23 de abril, las diputadas y diputados del Frente Amplio presentaron un oficio solicitando que la Contraloría General de la República emita un pronunciamiento jurídico sobre las instrucciones que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos habría impartido al Programa de Derechos Humanos de dicha cartera, con el objeto de impedir o restringir la intervención de sus abogadas y abogados en procesos judiciales vinculados al cumplimiento de condenas por delitos de lesa humanidad.
La diputada Javiera Morales, integrante de la comisión de Derechos Humanos, señaló que “es preocupante que este Gobierno crea que el Ministerio de Justicia funciona como oficina de abogados para sus amigos en Punta Peuco. La cartera, por mandato legal, tiene la obligación de defender y garantizar los derechos humanos, no de defender a
condenados por delitos de lesa humanidad. Aquí hay una clara ilegalidad, y por eso le pedimos a la Contraloría que se pronuncie al respecto”.
Según información conocida, las instrucciones habrían limitado el rol del programa en la oposición a beneficios penitenciarios solicitados por personas condenadas por violaciones a los derechos humanos. La medida fue cuestionada públicamente, entre otras, por la exsubsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla, quien señaló que la instrucción constituiría una afectación al mandato legal del Programa, al restringir su participación en la persecución y seguimiento de causas vinculadas a crímenes de lesa humanidad.
En este sentido, el diputado Roberto Celedón, también integrante de la comisión de Derechos Humanos, señaló que considera que “el gobierno erra cuando ordena a los abogados no ejercer los recursos judiciales que correspondan respecto de una resolución que favorece a una persona de 95 años que estaría en estado mental enfermo, porque crea confusión, ya que se estaría usando el recurso judicial en reemplazo de lo que el presidente había anunciado en cuanto a la decisión de indultar a determinados presos”.
En el requerimiento, se solicita determinar si las instrucciones ministeriales se ajustan al marco legal del programa; si la autoridad administrativa puede, mediante instrucciones internas, limitar funciones de representación judicial establecidas por ley; si dichas instrucciones resultan compatibles con el principio de juridicidad constitucional; y si
corresponde que sean objeto de control preventivo o posterior, incluyendo su eventual representación o invalidación por parte del organismo contralor.
Las diputadas y diputados manifestaron que el pronunciamiento de la Contraloría resulta indispensable para determinar la legalidad de las decisiones adoptadas y asegurar que ninguna instrucción interna pueda traducirse en impunidad para quienes fueron condenados por crímenes de lesa humanidad.
