La reciente promulgación de la Ley de Convivencia Escolar, orientada a garantizar el buen trato y el bienestar en las comunidades educativas, constituye un avance relevante en el reconocimiento institucional de la violencia como problema público. Sin embargo, su lectura exige una problematización más profunda respecto de las condiciones que producen y reproducen dichas violencias al interior de la escuela.
La incorporación de medidas como pórticos detectores de metales, aun cuando sujetas a acuerdos comunitarios, instala un giro significativo: el desplazamiento desde una comprensión pedagógica de la convivencia hacia una lógica de vigilancia y control. Este énfasis, si bien comprensible en contextos de alta conflictividad, corre el riesgo de inscribir la experiencia escolar en una matriz de regulación externa que debilita su carácter formativo y relacional.
Tal como advierte Amanda Céspedes, la violencia no puede ser reducida a un comportamiento disruptivo individual, sino que debe comprenderse como síntoma de tramas vinculares deterioradas, de experiencias de desafección y de fragilidad emocional no suficientemente acogidas. Hay por cierto una violencia social ineludible. Desde esta perspectiva, la convivencia no se regula únicamente mediante dispositivos normativos, sino que se configura en la densidad de las relaciones, en las formas de reconocimiento y en las prácticas cotidianas de cuidado. Hay una violencia social ineludible
En este punto, la pedagogía del cuidado no aparece como un complemento, sino como un principio estructurante. No se trata solo de intervenir frente a la violencia, sino de interrogar la gramática relacional que organiza la vida escolar: los modos en que se distribuye la palabra, se ejerce la autoridad, se tramitan los conflictos y se reconoce al otro como legítimo.
Si esta gramática permanece inalterada, si la gestión escolar es escasa, sin una estructura de apoyo y manejo de la convivencia y continúa centrada en la eficacia, el control y la respuesta inmediata, ninguna ley, por robusta que sea, logrará erradicar la violencia. A lo sumo, la desplazará, la ocultará o la sofisticará.
El desafío, entonces, no es únicamente normativo, sino profundamente pedagógico: reconfigurar la escuela como espacio de hospitalidad, donde la convivencia no sea un problema que contener, sino una experiencia a formar.
