Chile ha construido su relato de desarrollo sobre la espalda de la clase media. Es ella quien paga religiosamente sus impuestos, quien financia con sus cotizaciones un sistema de pensiones que no la protege, quien educa a sus hijos con deuda y quien, al final del mes, no califica para los beneficios del Estado pero tampoco alcanza para vivir sin angustia.
Los números lo confirman. La recaudación del IVA en Chile representa el 8,6% del PIB, por sobre el promedio OCDE de 6,8%, un impuesto que golpea proporcionalmente más a quienes tienen ingresos medios y bajos, porque consume una fracción mayor de sus ingresos disponibles. El sistema tributario castiga el consumo cotidiano antes que la riqueza acumulada.
Cuatro gobiernos consecutivos -de distintos signos políticos- han prometido reformas que “lleguen a todos”, pero ninguno ha diseñado una política pública pensada específicamente para este segmento, a pesar de que cada uno lo reconoce como el motor de la economía y del crecimiento. La clase media no es suficientemente pobre para recibir subsidios ni suficientemente rica para blindarse con planificación financiera privada. Vive en el limbo institucional y cada día que pasa, es la más castigada.
La movilidad social, ese gran argumento de legitimación del modelo, se ha desplomado. La Encuesta Bicentenario UC 2024 revela que si en 2023 una persona de clase media tenía casi un 30% de probabilidad de alcanzar una mejor situación económica, ese porcentaje retrocedió a un 25% en 2024.
El dato sobre vivienda es aún más elocuente: solo el 15% cree que un trabajador tiene alta probabilidad de comprar su propia casa, cuando en 2009 esa expectativa llegaba al 55%. En quince años, el sueño de la casa propia pasó de ser una meta alcanzable a casi una utopía.
La clase media chilena, amplia y construida durante décadas de crecimiento, es hoy profundamente dependiente del endeudamiento, y hoy por hoy, los bancos cada día los apoya menos, matando cualquier esperanza. No se trata de populismo ni de confrontación de clases. Se trata de reconocer que un país no puede crecer de manera sostenida ignorando a quienes sostienen su economía cotidiana.
La clase media chilena no pide privilegios. Pide proporcionalidad, reconocimiento y políticas diseñadas a su medida, no las sobras de agendas pensadas para otros. El diagnóstico lleva décadas sobre la mesa. Lo que falta es voluntad política para actuar.
