Esta Mesa es una iniciativa conjunta de la Contraloría General de la República (CGR), la Agencia Nacional de Ciberseguridad y la Alianza Chilena de Ciberseguridad, y tiene como objetivo fortalecer el intercambio de buenas prácticas entre organismos del Estado, el sector privado y la academia. A través de esta colaboración intersectorial, se busca avanzar hacia una mayor resiliencia cibernética del país y una mejor preparación frente a eventuales incidentes.
Durante la jornada, la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, destacó la urgencia de abordar estos desafíos de manera decidida, señalando que esta colaboración responde a la necesidad de insistir en que “acá hay un riesgo que tenemos que abordar rápido”. En ese sentido, subrayó que, de acuerdo con estudios del Foro Económico Mundial, cerca del 95% de los incidentes o brechas de ciberseguridad se originan por errores humanos. “Comencemos haciendo levantamiento de riesgos y a solucionar los problemas que están a nuestro alcance”, enfatizó. A modo de ejemplo, indicó el deshabilitar claves de exfuncionarios para que no sigan accediendo a sistemas o bases de datos y capacitar a los funcionarios sobre los riesgos de abrir correos riesgosos o descartar aplicaciones no certificadas.
Por su parte, la directora subrogante de la Agencia Nacional de Ciberseguridad, Michelle Bordachar, puso el acento en los desafíos comunicacionales que enfrenta el Estado en esta materia. “El reto está en cómo comunicamos aquello que no está ocurriendo o que no podemos ver en este momento; cómo mostramos lo que estamos previniendo y, además, cómo proyectamos las consecuencias que un ataque podría tener”, señaló.
En tanto, el presidente de la Alianza Chilena de Ciberseguridad, Marco Antonio Álvarez, recalcó que hoy la ciberseguridad “es un elemento clave para la estabilidad institucional, la protección de los datos y, sobre todo, para la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas”. En ese contexto, sostuvo también que “un incidente de ciberseguridad no solo provoca una interrupción operativa; puede dañar la credibilidad de una institución, afectar la confianza ciudadana y, en algunos casos, comprometer la legitimidad de procesos completos. Los desafíos en ciberseguridad no se resuelven de manera individual, requieren colaboración y coordinación permanente”.
La jornada concluyó con una serie de presentaciones de expertos y expertas en la materia, centradas principalmente en la importancia del trabajo preventivo y en el rol estratégico de contar con un encargado de ciberseguridad (CISO) con independencia, autonomía y capacidad de incidencia a nivel institucional, como un elemento esencial para fortalecer la gobernanza y la protección del Estado frente a las amenazas digitales.
