Acción judicial busca impedir medidas «arbitrarias» y proteger a adultos mayores afectados por incendios, quienes acusan presión, desinformación y afectación a su salud mental.
Cuatro adultos mayores damnificados por los incendios en el sector El Olivar, en la Región de Valparaíso, presentaron una apelación ante la Corte Suprema luego que la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso resolviera no dar curso a un recurso de amparo interpuesto en su favor. La acción judicial -patrocinada por el abogado Juan Andrés Pavez Farías-, busca revertir dicha decisión y que el máximo tribunal del país conozca de manera urgente los antecedentes, en resguardo de la libertad personal y seguridad individual de los afectados.
Según se expone en el recurso, los adultos mayores acusan una serie de situaciones que han generado un grave impacto emocional y psicológico, incluyendo anuncios públicos de demolición de viviendas sin respaldo técnico concluyente, reuniones calificadas como intimidatorias y presiones para firmar autorizaciones en condiciones de vulnerabilidad, todas cometidas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que es encabezado por el ministro Iván Poduje.
Entre los hechos denunciados, se menciona la difusión de información sobre eventuales demoliciones basada en informes técnicos que —según el escrito— no establecen dicha medida como conclusión, así como la convocatoria a reuniones urgentes donde se habría comunicado esta decisión sin instancias claras de participación.
Asimismo, se advierte sobre la situación de adultos mayores que, en condiciones de especial vulnerabilidad, fueron citados por SERVIU VALPARAISO por vías informales a reuniones de un día para otro y sin indicar el motivo, para luego en ellas requerírseles firmar documentos vinculados a la demolición de sus viviendas, lo que tenían que hacer en el momento, bajo la premisa de no retrasar los procesos de reconstrucción.
El abogado Juan Andrés Pavez enfatiza que «lo que estamos pidiendo es algo básico: que se respeten los derechos fundamentales de personas que hoy están siendo afectadas en su libertad, seguridad y dignidad. Aquí no estamos hablando solo de casas, estamos hablando de adultos mayores que lo perdieron todo y que hoy están siendo sometidos a angustia y presión».
«No puede adoptarse una medida tan extrema como la demolición sin que existan informes técnicos concluyentes y sin escuchar a las personas afectadas. Además, hemos recibido relatos consistentes de personas que se sintieron presionadas a firmar documentos en condiciones de vulnerabilidad, lo que es gravísimo», puntualizó Pavez.
La apelación solicita expresamente que la Corte Suprema ordene la suspensión de cualquier demolición hasta contar con evaluaciones técnicas independientes y especializadas, y que se adopten medidas para resguardar la integridad física y psíquica de los afectados.
