● Parlamentarios del Frente Amplio advierten que, hasta ahora, lo que existe son declaraciones imprecisas y cambios de criterio sobre el ajuste fiscal anunciado por el Ejecutivo, e ingresan oficio para exigir claridad sobre los recortes que afectarían a 142 programas.
El diputado Jaime Bassa y la diputada Coca Ñanco ingresaron un oficio conjunto al Ministerio de Hacienda para que el Gobierno aclare el alcance, los fundamentos y los efectos de los recortes presupuestarios contenidos en el Oficio N°16, que fija las directrices para el Presupuesto 2027 y la programación financiera 2028-2031. La acción se produce en medio de la incertidumbre generada por el propio Ejecutivo, que ha instalado un escenario de “estrechez fiscal” y ha anticipado un ajuste que podría alcanzar los $5,4 billones hacia 2027, afectando a 142 programas estatales, sin detallar sus implicancias.
El oficio solicita información sobre los criterios técnicos y políticos del ajuste, la identificación de los programas afectados, los montos comprometidos, los impactos sociales esperados y las medidas para evitar afectaciones en áreas sensibles como salud, educación y protección social. Asimismo, se requiere informar en detalle la metodología aplicada para determinar los recortes presupuestarios.
El diputado Jaime Bassa advirtió que el problema no es solo el ajuste, sino la forma en que se ha comunicado:
“El anuncio de recortes de esta magnitud sin las debidas explicaciones, genera mucha incertidumbre tanto en la ciudadanía como en el ejercicio de la función pública, pues compromete la toma de decisiones públicas y el correcto funcionamiento del Estado. El Gobierno debe transparentar los criterios, montos y efectos de estas decisiones, porque son decisiones que afectarán directamente a las personas y sus derechos. Hasta ahora sólo conocemos declaraciones imprecisas, incluso erróneas que luego deben ser corregidas sobre la marcha. Es una falta de rigor y seriedad que el país no se puede permitir. El Gobierno tiene el deber de comunicar con transparencia y verdad sus decisiones a la ciudadanía, por lo que hemos oficiado para que entregue las explicaciones pertinentes.”
En la misma línea, la diputada Erika Ñanco enfatizó los riesgos de avanzar sin información suficiente: “El Gobierno tiene que aclarar de una vez qué programas se van a ver afectados y cómo. No se puede pedir responsabilidad fiscal mientras se mantiene en la incertidumbre a las comunidades que dependen de estas políticas. Sin información clara, no hay forma de evaluar ni de resguardar que estos recortes no terminen afectando a quienes más lo necesitan. Resulta, por decir lo menos, irresponsable anunciar la intención de reducir el aparato del Estado sin explicar cómo se va a hacer. Esto de retroceder y volver a anunciar da cuenta de una falta de responsabilidad pública que termina afectando la confianza en políticas esenciales para miles de familias. Exigimos claridad inmediata.”
Ambos parlamentarios subrayaron que el objetivo del oficio es asegurar el control democrático sobre decisiones de alto impacto y despejar una discusión que, hasta ahora, se ha dado más en base a anuncios confusos que a información concreta.
