En su análisis jurídico, la CGR indica que si bien el Ministerio Secretaría General de Gobierno puede informar a través de redes sociales y, en tales comunicaciones, puede emplear términos cotidianos para una mayor o mejor comprensión, ello debe ceñirse a una serie de principios, “y a lo dispuesto en el precitado artículo 3° de la ley N°19.896, para efectos de dar a conocer a la comunidad información acerca de cómo acceder a las prestaciones que otorgan las entidades públicas, o acciones directamente relacionadas con el cumplimiento de sus funciones institucionales propias y cuando resulte necesario difundirlas o publicitarlas”.
Respecto del lenguaje utilizado en los mensajes, la Contraloría señala que el servicio no pudo “sustentar fáctica y técnicamente los términos específicos que fueron empleados en la publicación de que se trata”. Además, el oficio también plantea el ministerio reconoció que las expresiones empleadas no cumplieron con los estándares de moderación exigidos, lo que pudo generar confusión en la ciudadanía, motivo por el cual el contenido fue retirado.
Ante ello, se ordenó adoptar medidas para evitar nuevas comunicaciones imprecisas y se instruyó iniciar un proceso disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados, de lo cual deberá ser informado a la Contraloría dentro de cinco días hábiles.
