La acción penal del INDH fue acogida a trámite por el Juzgado de Garantía de San Bernardo. El texto da cuenta de situaciones que comenzaron a ocurrir en 2019 y que afectaron al menos a 16 personas.
La sede de la Región Metropolitana del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) interpuso ante el Juzgado de Garantía de San Bernardo una querella por los malos tratos recibidos por 16 personas mientras estuvieron en la Residencia Santa Gabriela. Entre 2019 y 2023 este recinto recibió más de 320 millones de pesos de parte del Servicio Nacional de Discapacidad para atender a pacientes con discapacidad, quienes fueron víctimas de agresiones y vulneraciones.
La jefa regional del INDH, Beatriz Contreras, indicó que «hemos interpuesto esta querella debido a los graves hechos detectados en la Residencia Santa Gabriela. Las víctimas son personas con discapacidad intelectual y del desarrollo que, encontrándose bajo la custodia de particulares en ejercicio de funciones públicas, sufrieron violencia física, encadenamientos y una negligencia médica que puso en riesgo su integridad. Estas prácticas no solo fallaron en los estándares de cuidado, sino que constituyen actos de apremios ilegítimos y tratos crueles que vulneran la prohibición absoluta de la tortura».
La abogada añadió que «es imperativo recordar que el Estado tiene una posición de garante reforzada respecto de las personas que se encuentran bajo custodia, cuya dignidad debe ser siempre respetada. Hemos solicitado al tribunal que el proceso garantice el acceso a la justicia mediante ajustes de procedimiento y medidas de accesibilidad comunicacional. No basta con investigar; el sistema judicial debe asegurar una participación plena, sin discriminación y libre de revictimización para todas las víctimas».
La querella del INDH, que ya fue acogida a trámite por el tribunal, es contra quienes resulten responsables por el delito de apremios ilegítimos. En esta residencia las personas fueron sometidas a condiciones de habitabilidad apartadas del estándar de derechos humanos consagrado en el marco vigente. Además, durante las fiscalizaciones realizadas por Senadis se verificó que el personal carecía de capacitación.
La querella enfatiza en que se trata de agresiones cometidas contra víctimas en estado de vulnerabilidad por discapacidad, que se encontraban bajo custodia y cuidado de particulares que ejercían labores públicas en una residencia dependiente de Senadis.
