El diputado Germán Verdugo y su par Erich Grohs solicitaron la articulación urgente del Gobierno para enfrentar bandas criminales que afectan el suministro de miles de familias. Tras reunión con ejecutivos de CGE, se alertó que estos delitos no son solo económicos, sino que golpean la seguridad y servicios básicos de comunidades completas.
Ante el incremento sostenido de delitos que afectan la infraestructura eléctrica en diversos puntos del país, los diputados Germán Verdugo y Erich Grohs (Partido Nacional Libertario) hicieron un llamado urgente al Ejecutivo para conformar una mesa de trabajo coordinada entre el Ministerio de Energía y el Ministerio de Seguridad Pública.
La ofensiva parlamentaria se dio tras una reunión de trabajo entre el diputado Verdugo y altos ejecutivos de la empresa CGE, donde se analizaron las graves interrupciones de suministro provocadas por el robo de cables, el hurto de energía y ataques a la infraestructura, fenómenos que hoy presentan un alcance nacional.
“Estamos frente a una situación que sobrepasa lo local. Este no es solo un delito económico, es un ataque directo a la vida cotidiana de las personas. El robo de cables deja a sectores completos sin electricidad, afectando a miles de familias y servicios esenciales como salud y agua potable”, señaló el diputado Verdugo.
El parlamentario puso como ejemplo crítico lo ocurrido recientemente en la zona central, donde el robo de cables en líneas de alta tensión dejó a más de 15 mil clientes sin suministro de forma simultánea. No obstante, enfatizó que este patrón se está repitiendo en distintas regiones, lo que evidencia la operación de bandas delictuales organizadas.
Por esta razón, junto al diputado Erich Grohs, se ha solicitado que el Estado actúe con mayor decisión. “Resulta urgente articular a todos los actores: Gobierno, policías y empresas eléctricas. Mientras no exista una estrategia firme, coordinada y de corto plazo liderada por el Ministerio del Interior, seguirán siendo las familias chilenas las principales afectadas por la inseguridad energética”, advirtió Verdugo.
Finalmente, los legisladores insistieron en que la normativa debe endurecerse y la fiscalización a los centros de acopio de metales debe ser prioritaria para cortar la cadena de comercialización de estos elementos robados, protegiendo así la estabilidad del sistema eléctrico nacional.
