La Alianza Chilena de Ciberseguridad y Cybertrust realizaron la primera Encuesta de Servicios Digitales, la cual buscó evaluar el nivel de conocimiento, percepción y confianza de los usuarios respecto al uso de sus datos personales por parte de organismos públicos.
El análisis mostró que los chilenos tienen una visión principalmente negativa respecto del tratamiento que hace el Estado con sus datos personales. De esa forma, 42% de los chilenos considera que el Estado no respeta sus derechos de privacidad digital y 45,6% cree que no tiene la capacidad técnica para proteger sus datos.
Así también, en el informe solo 34,8% de los encuestados dijo confiar en que el Estado maneja sus datos personales de forma segura y solo 18,6% afirmó sentir que tiene cierto control sobre sus datos en plataformas estatales. También existe desconocimiento sobre el fin que se da a la información y solo 22,2% afirma entender cómo se usan sus datos al usar servicios digitales públicos.
José Antonio Lagos, socio principal de Cybertrust resaltó que “estos números reflejan un problema estructural: la transformación digital no puede sostenerse sin confianza. Y la confianza no se construye únicamente con tecnología, sino con transparencia, gobernanza y una comunicación clara hacia los ciudadanos. En la práctica, el desafío del Estado no es solo proteger los datos, sino demostrar que lo hace. Esto implica avanzar en estándares robustos de ciberseguridad, pero también en mecanismos que permitan a las personas entender, gestionar y ejercer control sobre su información.”
Otro resultado preocupante del estudio es que 84% de los chilenos cree erróneamente que la Ley de Protección de Datos solo aplica a las empresas privadas. José Antonio Lagos destaca que “esa percepción limita la capacidad de los ciudadanos para ejercer sus derechos frente al tratamiento de sus datos por parte del Estado. Esta confusión refleja la urgencia de avanzar no solo en marcos regulatorios, sino también en educación digital y transparencia institucional. Sin una ciudadanía informada, la protección de datos pierde efectividad práctica y la transformación digital pública se construye sobre una base frágil de desconocimiento y desconfianza.”
