La reciente decisión de la Tesorería General de la República (TGR) de flexibilizar las condiciones de pago para deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) abrió un nuevo capítulo en el debate sobre este mecanismo de financiamiento estudiantil. La medida busca facilitar la regularización de deudas mediante convenios ajustados a tramos de ingreso, permitiendo, por ejemplo, que quienes ganan hasta $1 millón puedan pactar cuotas desde 1 UTM en plazos de hasta 24 meses.
La diputada Constanza Schonhaut advirtió que las medidas son insuficientes para abordar el problema de fondo. “El gobierno ha venido haciendo cobros abusivos a los deudores del CAE y por fin hoy lo reconoce y toma medidas razonables. Sin embargo, el proyecto de ley que presentamos sigue adelante porque no basta considerar los ingresos de una familia sino también cuáles son los gastos que tienen y por tanto la real capacidad de pago. Eso todavía está pendiente y lo vamos a empujar en la Comisión y en la sala acá en la Cámara de Diputados y Diputadas”, señaló.
La parlamentaria enfatizó que, si bien la nueva política introduce criterios de proporcionalidad en función del ingreso, deja fuera variables clave como el costo de vida, endeudamiento total y cargas familiares, elementos que, a su juicio, son determinantes para evaluar la capacidad efectiva de pago.
