Los diputados de Renovación Nacional, Claudia Mora y Mauro González, integrantes de las comisiones de Gobierno Interior y de Seguridad, respectivamente, destacaron el reciente dictamen de la Contraloría General de la República que establece la procedencia de que las municipalidades puedan adquirir, de manera excepcional y transitoria, elementos de seguridad y protección adicional para alcaldes, concejales y funcionarios municipales que hayan sido víctimas de amenazas concretas en el ejercicio de sus funciones.
El pronunciamiento del órgano contralor precisa que esta medida se enmarca en el deber del Estado de resguardar la integridad física de quienes cumplen labores públicas, especialmente cuando enfrentan riesgos derivados de su rol en materia de seguridad y orden comunal. Asimismo, establece que dichas acciones deben estar debidamente justificadas, contar con respaldo técnico —ya sea de organismos policiales o del Ministerio Público— y limitarse al tiempo en que subsista la amenaza.
Tras conocer el dictámen, la diputada Claudia Mora señaló que «La situación de inseguridad extrema que hoy vive Chile ha hecho que los municipios deban involucrarse Esto ocasionó que tanto los inspectores municipales como los alcaldes y alcaldesas han quedado expuestos a ser víctimas de ataques, funas e incluso amenazas de muerte”.
“Por lo mismo, – añadió-, desde la comisión de Gobierno Interior valoramos este dictamen, ya que velar por la seguridad de quienes contribuyen de manera directa o indirecta en el combate al delito es una tarea muy necesaria. De igual manera, también velaremos porque estas atribuciones excepcionales sean ejercidas con responsabilidad, buen criterio y apego irrestricto a la probidad».
Al respecto, el diputado González señaló que “me parece importante el dictamen de la Contraloría porque entrega una herramienta excepcional y regulada para proteger a los alcaldes, concejales y funcionarios municipales que enfrenten amenazas reales en el ejercicio de sus funciones”.
El parlamentario agregó que “ellos muchas veces trabajan por la seguridad y el orden en cada una de sus comunas, y se ven expuestos a riesgos que pueden ser graves. En este caso, el Estado tiene el deber de resguardar su integridad física y su vida”.
El dictamen también refuerza que las municipalidades, dentro de sus capacidades presupuestarias, pueden adoptar medidas adicionales de protección cuando existan amenazas acreditadas, siempre que estas hayan sido formalmente denunciadas y evaluadas de manera fundada.
Finalmente, González subrayó que “el mismo dictamen establece límites que son claros, como que deben ser medidas justificadas, respaldadas técnicamente y, además, temporales. Eso permite equilibrar adecuadamente la protección de las autoridades con el buen uso de los recursos públicos”.
Desde la bancada de Renovación Nacional recalcaron que este criterio de la Contraloría constituye un avance relevante para fortalecer la seguridad de quienes ejercen funciones públicas a nivel local, en un contexto donde las amenazas y la violencia hacia autoridades comunales han ido en aumento.
