Organizaciones de derechos humanos, agrupados en la Mesa de Trabajo y Reflexión de Derechos Humanos de la región de Coquimbo, entregaron una carta a la presidenta de la Corte de Apelaciones de La Serena, Gloria Negroni Vera, para manifestar su preocupación ante posibles indultos que se podrían otorgar a criminales de lesa humanidad.
Las vocerías de la mesa señalan que sería un grave retroceso en materia judicial que prospere la política de indultos anunciada hace algunas semanas por el gobierno de José Antonio Kast.
La misiva entregada en la sede judicial de la comuna fue acompañada por el equipo de la parlamentaria Nathalie Castillo.
En palabras de la diputada, «nos parece gravísimo que se pretenda avanzar en indultos a criminales condenados por delitos de lesa humanidad, muchos de ellos responsables de secuestros, torturas, desapariciones y ejecuciones durante la dictadura civil-militar, e incluso en contexto de la revuelta social del 2019. Aquí no puede haber espacio para la impunidad ni señales de retroceso democrático».
La parlamentaria agregó que «la memoria, la verdad y la justicia son pilares fundamentales para cualquier sociedad democrática. Chile tiene obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, y avanzar en beneficios o indultos para violadores de derechos humanos no solo hiere a las víctimas y sus familias, sino que además debilita el compromiso del Estado con el nunca más».
A la Corte de Apelaciones se dirigieron voceros y voceras de los colectivos 20 de octubre y del Colectivo Familiares y Amigos de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos (FADDEP). Piero Santoro Maffei, Hedy Araya Villanueva, Marcela Reyes y Marlinda Alcayaga, miembros de estas organizaciones, creen importante reunirse con la titular del Tribunal de Alzada para manifestar presencialmente estas inquietudes.
Desde la Mesa de Trabajo y Reflexión de Derechos Humanos señalaron que la preocupación radica en que estas medidas podrían abrir paso a nuevas formas de impunidad, relativizando crímenes que son imprescriptibles y que constituyen graves violaciones a los derechos humanos.
