El estudio muestra que la explotación laboral, los salarios bajo el mínimo y la discriminación en el trabajo son las vulneraciones más reconocidas por la ciudadanía, en un momento en que la ley de reducción de jornada pone a prueba la disposición real de las empresas a respetar derechos.
Una encuesta nacional elaborada por Datavoz para la Plataforma Chilena de la Sociedad Civil sobre Derechos Humanos y Empresas revela que los chilenos conocen y valoran los derechos humanos: un 62,2% los concibe como derechos universales e inherentes a la persona, basados en la dignidad, la igualdad y la libertad, y un 75% declara tener un nivel de familiaridad medio o alto con el concepto. Menos de un 10% los asocia a una herramienta política sesgada.
Pese a ese conocimiento, la mayoría de la ciudadanía percibe que son las propias empresas quienes incumplen esos derechos, y no quienes los protegen: Un 56,5% considera que tienen un alto potencial de vulnerar derechos humanos, posicionándolas como el segundo actor más cuestionado después del Estado, mientras que solo un 39,8% les atribuye un rol protector.
Además, dos de cada tres chilenos declaran haber escuchado o vivido situaciones en que una empresa vulneró los derechos de sus trabajadores, siendo el tipo de vulneración más reconocido, por sobre los derechos de consumidores y comunidades.
Los resultados fueron presentados el pasado 30 de abril en el seminario “Lo que Chile piensa: Derechos Humanos, Estado y Empresas”, realizado en la Fundación Colunga de Santiago, en una instancia que reunió a representantes del mundo político, sindical y académico. La exposición de los datos estuvo a cargo de Joao Acharán, director de Data&Analytics de Datavoz, y contó con los comentarios del diputado Marcos Barraza, Magdalena Castillo, presidenta de la Confederación Nacional de Federaciones y Sindicatos del Comercio, Servicios e Industria, y Judith Schönsteiner, académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, quienes dialogaron sobre la brecha entre la valoración de los derechos humanos y la desconfianza hacia las empresas, así como sobre la necesidad de avanzar en marcos regulatorios más exigentes.
Para Roberto Morales, coordinador ejecutivo de la Plataforma, los datos confirman una transformación en cómo la ciudadanía entiende el rol empresarial: “Estamos frente a un cambio de paradigma: hoy la empresa aparece como un nuevo actor, un agente no estatal, y cuando la reconocemos como tal, cambia la conversación. Todos los derechos humanos pueden ser aplicados al mundo de la empresa”.
Vulneraciones laborales en el foco de las percepciones
El 65,5% de las personas encuestadas declara haber escuchado o vivido directamente situaciones de vulneración de derechos laborales. Entre las más mencionadas destacan el pago de salarios por debajo del mínimo legal (46,6%), la discriminación en condiciones laborales (44,2%) y situaciones de trabajo forzoso o infantil (26,7%).
El comercio y retail concentra la mayor percepción de riesgo (35,8%), seguido por la agricultura y agroindustria (25,4%) y la minería (22,2%).
“Que dos de cada tres chilenos declaren haber escuchado o vivido situaciones de vulneración de derechos laborales es un dato muy importante. Revela que el mundo del trabajo es aún uno de los escenarios donde la ciudadanía experimenta o percibe abusos de poder, una situación especialmente grave si consideramos que es el lugar donde la mayoría de las personas pasan la mayor parte de su tiempo”, explica Acharán.
Exigencia a las empresas: mayor responsabilidad y regulación
La encuesta evidencia una demanda ciudadana transversal por estándares más exigentes: Un 85,3% apoya que las empresas implementen procesos de debida diligencia en derechos humanos; un 81,9% respalda que deben evitar, mitigar y reparar activamente los efectos de sus actividades; y un 60,7% apoya la existencia de una ley que las obligue a hacerlo.
Desde la Plataforma advierten que estos resultados refuerzan la necesidad de avanzar en marcos regulatorios más robustos: “Los derechos humanos ya no se entienden como voluntarios, sino como un estándar mínimo exigible”, señala Morales.
En esa línea, la organización ha llamado recientemente al Gobierno a avanzar en la publicación del Tercer Plan de Acción Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos, como una herramienta clave para fortalecer la implementación de estos estándares en el país.
“Estos resultados son inéditos: al no existir mediciones anteriores comparables, pueden establecer un punto de partida para evaluar el impacto de futuras políticas públicas en la materia”, concluye Acharán.
Sobre la Plataforma Chilena de la Sociedad Civil sobre Derechos Humanos y Empresas
La Plataforma reúne a 26 organizaciones —universidades, organizaciones territoriales y sociales— comprometidas con la promoción de los derechos humanos en el ámbito de la actividad empresarial. El informe completo del estudio está disponible para su descarga en los canales de la Plataforma.
