El documento cuenta con la firma de la presidenta del Senado, Paulina Núñez; el vicepresidente, Iván Moreira; los jefes de comité RN, María José Gatica y Andrés Longton; Gustavo Sanhueza, del Comité UDI y los representantes del Partido Republicano, Renzo Trisotti y Cristián Vial.
La propuesta prioriza 15 proyectos de ley actualmente en tramitación en el Senado y plantea medidas urgentes para fortalecer la coordinación del Estado frente al crimen organizado.
En la antesala de la reunión convocada para hoy en Cerro Castillo, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, adelantó la entrega de una agenda estratégica de Seguridad Integral Nacional al Presidente José Antonio Kast, documento que reúne un diagnóstico sobre los principales desafíos del país en esta materia y propone avanzar hacia una nueva arquitectura de seguridad nacional.
La timonel del Senado explicó que el documento, elaborado junto al vicepresidente, Iván Moreira, los jefes de comités de los partidos oficialistas y parlamentarios de la Comisión de Seguridad, es un diagnóstico sobre los principales desafíos del país en esta materia y plantea avanzar hacia una nueva arquitectura institucional de seguridad.
La propuesta sostiene que Chile debe superar la actual fragmentación institucional y avanzar hacia un modelo más moderno, coordinado y con mayor capacidad de anticipación frente a las nuevas formas de criminalidad. Para ello, plantea integrar de mejor manera las capacidades del Estado en ámbitos como seguridad pública, inteligencia, defensa, persecución penal, control fronterizo, ciberseguridad, protección civil, infraestructura crítica y gestión de emergencias.
La presidenta del Senado, Paulina Núñez, afirmó que “la seguridad moderna exige superar la fragmentación entre seguridad pública, inteligencia, defensa, persecución penal, control fronterizo, ciberseguridad, protección civil, infraestructura crítica y gestión de emergencias”. En ese contexto, explicó que “los Estados más eficaces son aquellos que logran integrar sus capacidades bajo una conducción estratégica común, con información interoperable, monitoreo permanente, coordinación interagencial y capacidad de anticipación”.
El documento propone la priorización legislativa de 15 proyectos de ley actualmente en tramitación en el Senado, los que, a juicio de los firmantes, deben formar parte central de una agenda de seguridad robusta, urgente y con sentido de Estado.
Entre las medidas consideradas se encuentran la modernización del Centro Integrado de Coordinación Policial, CICPOL; el fortalecimiento de la seguridad municipal y privada; el reforzamiento del sistema de salud institucional; y otras acciones administrativas y reglamentarias orientadas a mejorar la respuesta del Estado frente al crimen organizado y las nuevas amenazas. La agenda también incorpora propuestas en materia de seguridad económica, entendida como una dimensión clave para enfrentar delitos complejos y redes criminales.
El senador Cristián Vial sostuvo que “el desafío ya no consiste solo en aumentar dotación o dictar nuevas leyes penales; el desafío central es construir una arquitectura nacional de seguridad capaz de integrar prevención, inteligencia y, en definitiva, una respuesta estratégica”.
En la misma línea, Andrés Longton señaló que “el país tiene que avanzar en una mejor coordinación para que la persecución penal sea más eficiente. En ese sentido, estos proyectos tienen como objetivo darle más herramientas a las instituciones encargadas de la seguridad y el orden público”.
La propuesta también plantea la necesidad de una revisión profunda del sistema procesal penal, con el objetivo de adecuarlo a la realidad criminal actual. Al respecto, Núñez sostuvo que “el sistema procesal penal fue diseñado para una realidad distinta; por eso resulta necesario revisar herramientas investigativas, hipótesis de flagrancia, capacidades de persecución penal, protección de víctimas, coordinación interinstitucional y espacios de impunidad generados por un modelo que no siempre responde adecuadamente a la sofisticación del crimen actual”.
Asimismo, la presidenta del Senado subrayó que “la seguridad debe ser entendida como una prioridad transversal, ya que su ausencia afecta a toda la sociedad, pero golpea con especial fuerza a mujeres, adultos mayores, sectores vulnerables y familias que viven en barrios con alta exposición al delito”.
Finalmente, concluyó que “la falta de seguridad no se expresa solo en cifras, sino en que las personas cambian sus horarios, dejan de ocupar los espacios públicos, viven con miedo o sienten que el Estado llega tarde. Por eso, esta agenda busca que Chile avance hacia una seguridad más integrada, más eficaz y más cercana a la vida real de las familias”.
