La autoridad fiscalizadora entregó a la Comisión de Vivienda detalles del informe realizado y las observaciones detectadas en materia de adquisición de terrenos del Plan de Emergencia Habitacional. La autoridad descartó algún tipo de delito pero informó que está pendiente un sumario que puede determinar eventuales infracciones administrativas.
Al respecto, Pérez fue clara en señalar que no se detectaron delitos y por eso no se derivó su resultado al Ministerio Público. Precisó, además, que “no es necesario, porque a la Contraloría sólo le corresponde verificar la responsabilidad administrativa y civil. No presenté reparos a la recuperación de dinero, no hay norma vulnerada”, detalló.
Sin embargo, consideró que sí hubo ineficiencias en la administración de fondos públicos. Agregó que se encargó un sumario a la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, que se abrió el 15 de abril pasado. En tal sentido, dijo a las y los parlamentarios que no se puede prejuzgar y adelantar resultados del mismo, ya que será dicha investigación la que determine los hechos y eventuales infracciones administrativas.
Sobre las menciones a sobreprecios que se habrían cancelado por los terrenos -como señalaron medios de prensa- la autoridad sostuvo que no utiliza en su informe esa palabra porque “no hay norma legal o reglamentaria al respecto”.
La personera también recordó que la ley referida al Plan de Emergencia Habitacional operó sin que se dictaran a tiempo los reglamentos, hecho que se repite en otras situaciones.
Distribución de terrenos y reacciones parlamentarias
Entre los puntos abordados en el informe están los reparos a la distribución y uso de los terrenos adquiridos. Esto porque se buscaba focalizar el banco de suelo público en la urgencia del plan. Sin embargo, la contraliora señaló que la superficie de suelo adquirida superó en 61,33% la meta de compra establecida.
La autoridad recalcó que la opinión de la Contraloría, no se requería adquirir terrenos en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Atacama, Valparaíso, Los Lagos, Aysén y Magallanes. En cambio, no se alcanzó la superficie de suelo para el Plan de Emergencia Habitacional en las regiones de O´Higgins, Maule, Biobío y Metropolitana.
Por último, indicó que en siete de las ocho regiones no existen avances de proyectos de viviendas sociales.
Sobre estos antecedentes, diputadas/os oficialistas manifestaron su preocupación por las irregularidades detectadas respecto al pago doble o triple por ciertos terrenos. Así también, por la falta de un mayor número de tasaciones y por el trato directo sin resolución previa. Consideraron, de este modo, que existió un “abuso” y que el exministro podría haber infringido los principios de probidad, eficacia y eficiencia en su gestión.
Por el contrario, otras legisladoras y legisladores lamentaron que se imputaran delitos graves al exministro Montes que no están avalados por el informe de Contraloría. Reconocieron que, sin duda, hay riesgos que fueron advertidos y correcciones que se deben realizar a procedimientos futuros.
Pero, también recalcaron que se operó con cierta flexibilidad porque en principio se buscó implementar un banco de suelos con terrenos fiscales, pero luego el gobierno debió buscar terrenos privados. en tal sentido, llamaron a esperar los resultados del sumario para terminar de aclarar el tema.
Detalle del Informe
La indagatoria realizada entre 2022-2024 apuntaba a revisar lo dispuesto por la Ley 21.450, en orden a considerar la información sobre la demanda habitacional y el déficit existente en cada región y comuna. Especialmente, de familias prioritarias ubicadas en el tramo del 40% más vulnerable de la población.
En específico, a examinar las acciones implementadas por el ministerio, a través de su subsecretaría, para la adquisición de viviendas. Además, validar si hubo coordinaciones con los Serviu y las Seremis regionales.
Entre los principales resultados, la contralora dijo que detectaron observaciones asociadas a debilidades de control interno, porque el registro de información de suelo se manejaba en Excel, sin usar la plataforma SIBIS que es de uso obligatorio a nivel nacional para el Serviu.
Igualmente, falta de segregación de funciones de tasación y adquisición de terrenos, y ausencia de un rango de precios obligatorio para la adquisición. En tal sentido, no existió “un límite legal o reglamentario objetable”, indicó la Contralora, por lo tanto, en algunos casos se superó el valor referencia estimado de 6 UF por m2.
