La diputada Ana María Gazmuri advirtió que el hospital Sótero del Río solo tiene recursos para funcionar hasta julio, mientras el diputado Matías Fernández complementó que el recorte también golpea al PRAIS, programa clave de reparación en derechos humanos.
Los diputados Ana María Gazmuri (AH) y Matías Fernández (FA) manifestaron su profunda preocupación frente al decreto del Ministerio de Hacienda que reduce en $413.193 millones el presupuesto de salud, equivalente al 2,4% del financiamiento nacional. El ajuste afecta a más de 80 hospitales públicos y programas sensibles, en un contexto de listas de espera históricas que superan los 2 millones de personas y demoras promedio de 10 meses.
Ambos parlamentarios coincidieron en que este recorte no es un ajuste técnico, sino un golpe directo a pacientes, funcionarios y programas de reparación en derechos humanos. “Cuando se recorta salud, el impacto no se mide solo en cifras: se traduce en más espera, más saturación y más angustia para pacientes y funcionarios que ya sostienen el sistema bajo condiciones críticas”, señalaron.
La diputada Ana María Gazmuri destacó la situación crítica del Hospital Sótero del Río, el recinto de referencia más importante del país y principal centro asistencial del sector sur oriente de la Región Metropolitana. “El propio hospital ya advertía déficit crítico de recursos, saturación en urgencias y demoras en ambulancias. Con este recorte, sus recursos alcanzan solo hasta julio. ¿Qué ocurrirá en agosto con los miles de pacientes que requieren atención?”, cuestionó.
Gazmuri valoró que el ajuste inicial de 3% se redujera a 2,5%, pero recalcó que sigue siendo insuficiente. “Con la salud no se puede jugar. La ministra May Chomalí contará con todo nuestro apoyo si decide exigir que este recorte no se aplique al sector. La prioridad debe ser fortalecer la salud pública, no debilitarla”.
Por su parte, el diputado Matías Fernández advirtió sobre la posible afectación al PRAIS, programa clave de reparación a víctimas de violaciones de derechos humanos. “Este recorte golpea directamente a víctimas y personas vulneradas en el momento más oscuro de nuestra historia, que hoy forman parte de un proceso de reparación que el Estado debe garantizar. Además, afecta una promesa del propio gobierno vinculada a la reducción de listas de espera, ya que los usuarios de PRAIS son parte de ellas. Por eso, junto con la situación del hospital Sótero del Río, exigimos que no exista una intención ideológica en este ajuste que termine debilitando los deberes del Estado”.
