Aunque el país incrementó en un 27% el gasto en salud mental durante 2024, especialistas alertan que más del 40% de los costos aún son asumidos por las familias, evidenciando problemas estructurales en acceso, cobertura y atención oportuna.
De acuerdo con información entregada por el MINSAL, Chile destinó $1,44 billones en salud mental durante 2024, cifra que representa un aumento del 27% respecto de 2022 y que acerca al país a estándares internacionales de inversión en esta área. Sin embargo, expertos advierten que el crecimiento del gasto no garantiza por sí solo una mejora efectiva en la atención de las personas ni una reducción de las brechas existentes en el sistema de salud mental.
El incremento en la inversión ocurre en un escenario marcado por el sostenido aumento de consultas y problemas de salud mental posteriores a la pandemia, situación que ha tensionado tanto la red pública como el sistema privado de atención.
El máster en Salud Mental de la Facultad de Enfermería de la Universidad Andrés Bello, Juan Videla, aseguró que el aumento del gasto representa un avance relevante, pero advirtió que el principal desafío sigue siendo la distribución y gestión eficiente de los recursos.
“El aumento del gasto en salud mental en Chile es una señal positiva porque reconoce una deuda histórica del sistema con esta área. Sin embargo, el desafío no es solo cuánto se invierte, sino cómo se distribuyen esos recursos, especialmente en atención primaria y modelos comunitarios que realmente impacten en la población”, explicó el académico.
Fortalecer la atención primaria
El docente señaló que, para que esta inversión tenga resultados concretos, el financiamiento debe fortalecer la atención primaria de salud, garantizar continuidad de cuidados y avanzar hacia modelos comunitarios e integrales.
“Es un avance necesario, pero todavía parcial. El desafío sigue siendo construir un sistema preventivo y no solo reactivo frente a los problemas de salud mental”, sostuvo.
Uno de los aspectos más críticos identificados por el especialista es el alto gasto de bolsillo que deben asumir las familias chilenas. Actualmente, más del 40% del gasto en salud mental proviene directamente de recursos familiares, principalmente destinados a medicamentos y consultas sin cobertura.
Según explicó Videla, esta situación revela profundas brechas estructurales de acceso y protección financiera dentro del sistema de salud.
“Una parte importante de la población no logra resolver sus necesidades de salud mental dentro de la red pública o mediante la cobertura asegurada, lo que obliga a muchas personas a recurrir a servicios privados”, indicó.
El problema de las listas de espera
El académico explica que la desigualdad o tener que llevar de forma directa “la mano al bolsillo”, para cubrir la necesidad de atención, se relaciona con listas de espera prolongadas, déficit de profesionales en el sistema público y limitaciones en las prestaciones disponibles para salud mental.
“Desde la economía de la salud, un alto gasto de bolsillo es un indicador claro de débil protección financiera. Esto significa que las familias asumen directamente el riesgo económico de enfermar”, explicó.
Además, el especialista advirtió que esta situación aumenta las desigualdades sociales, ya que el acceso oportuno a tratamientos depende, en muchos casos, de la capacidad de pago de las personas y no exclusivamente de sus necesidades clínicas.
“La consecuencia más crítica es la inequidad social, porque se segmenta el acceso según nivel socioeconómico, aumentando la carga de enfermedad en los grupos más vulnerables”, afirmó.
Otro fenómeno que preocupa es el aumento sostenido de las atenciones mediante la Modalidad Libre Elección (MLE) de Fonasa y el crecimiento de los copagos asociados.
Para Videla, este escenario refleja tanto las limitaciones de la red pública como un cambio en las expectativas de las personas respecto de la atención en salud mental.
“El mayor uso de la Modalidad Libre Elección muestra, por un lado, las dificultades de acceso y tiempos de espera en el sistema público, pero también evidencia que las personas buscan atención más rápida o especializada, aunque eso implique asumir copagos”, señaló.
El académico explica que actualmente el sistema público enfrenta una alta demanda, mientras que el sector privado funciona como una “válvula de escape” para quienes pueden costear parte de la atención.
“Hoy las prioridades deben centrarse en fortalecer la prevención, especialmente en comunidades y escuelas, reforzar la atención primaria como puerta de entrada y ampliar el acceso oportuno a servicios. Si no se interviene tempranamente, los problemas se vuelven más complejos y costosos de tratar”, concluyó.
