• La entrada en vigencia de la Ley 21.719 no solo endurece las exigencias regulatorias, sino que también instala nuevos riesgos reputacionales y abre oportunidades para las organizaciones que logren adaptarse a tiempo.
La reciente implementación de la Ley 21.719 marca un punto de inflexión en la forma en que las empresas en Chile deben gestionar los datos personales. La normativa introduce estándares más estrictos, crea una Agencia de Protección de Datos con facultades de fiscalización y sanción, y establece nuevas obligaciones, como la designación de un Delegado de Protección de Datos (DPO). A esto se suma un registro público de sanciones, que podría impactar directamente en la reputación de las organizaciones.
En este nuevo escenario, el rol del DPO adquiere un protagonismo inédito. Su función no solo apunta a asegurar el cumplimiento normativo, sino también a resguardar la confianza de clientes y usuarios. “Es clave para asegurar cumplimiento y confianza. Sin él, las empresas arriesgan multas, litigios y pérdida de reputación”, explica Carlo Villalobos, Consultora Comercial TI de Qibit. Tras las últimas precisiones regulatorias, tanto grandes empresas como pymes podrán externalizar el rol de DPO, una alternativa que ha comenzado a ganar terreno por su flexibilidad y acceso a experiencia especializada.
Sin embargo, el nivel de preparación de las organizaciones aún es dispar. De acuerdo con especialistas, persisten brechas importantes, especialmente en cultura de privacidad, procesos tecnológicos y disponibilidad de talento especializado. “Muchas organizaciones aún tienen brechas en cultura de privacidad, procesos tecnológicos y talento especializado”, advierte Villalobos, lo que podría dificultar una implementación efectiva de la normativa en el corto plazo.
En este contexto, la externalización del rol de DPO se ha posicionado como una solución estratégica para empresas de distintos tamaños. La posibilidad de acceder a experiencia transversal, reducir costos y mantener una mirada objetiva son algunos de los factores que explican esta tendencia. “Aporta flexibilidad de costos, experiencia transversal y objetividad, especialmente útil en empresas que buscan adaptarse rápidamente a la nueva normativa”, agrega la experta.
Más allá del cumplimiento, la Ley 21.719 también abre una oportunidad para las empresas que logren adelantarse. La correcta gestión de datos puede transformarse en una ventaja competitiva, fortaleciendo la confianza de los clientes y posicionando la información como un activo estratégico. “Más allá de cumplir la ley, la normativa fortalece confianza, reputación y permite gestionar datos como un activo estratégico”, concluye Villalobos.
Con un marco regulatorio más exigente y una mayor exposición pública ante incumplimientos, la protección de datos deja de ser un tema técnico para convertirse en una prioridad estratégica en la agenda empresarial.
